Argentina: Otra decisión ejemplarizante

Fecha: 29 octubre, 2022

Por Luis Nieto

El juicio en curso contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ha agotado la tanda de acusación y defensa en el caratulado “Caso vialidad”, que tuvo su presentación a lo largo de nueve sesiones públicas. Se espera que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 2 emita su fallo antes de que finalice 2022. La fiscalía pidió una pena de 12 años de cárcel para CFK, imposibilidad de volver a ocupar cargos públicos y devolución del monto del dolo, que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fijaron en el equivalente a 970 millones de dólares.

La vicepresidente enfrenta 10 procesos judiciales, de los que 5 llegaron a la instancia de juicio oral. El primero de ellos fue el ya mencionado en el párrafo anterior. Lo seguirán los siguientes 4 expedientes: Hotesur, Cuadernos de la corrupción, Firma del Memorándum con Irán, y Los Sauces.

Estas 10 causas que esperan a la actual vicepresidente han alterado la política argentina de tal modo, que cuando el periodismo pregunta “¿quién gobierna en la Argentina?” la gran mayoría de los consultados no responden con la lógica de que existe un gobierno. De hecho hay un presidente que no preside, y una vicepresidente que no ejerce. Incluso no tienen relación personal entre ellos. Cristina Fernández de Kirchner sólo trabaja para eludir que no la aplaste el enorme peso de esos diez procesos que ya comenzaron a adquirir estado público. Toda su artillería parece estar dedicada a poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, al que acusa de estar al servicio del poder económico, y la prensa, como ejecutores de la política imperial. Un tópico sesentista que sólo intenta negar la división de poderes del Estado de Derecho.

Mientras tanto, la oposición, agrupada en “Juntos por el Cambio”, que gobernó entre 2015 y 2019, parece ser la única opción al kirchnerismo ante las elecciones de noviembre del 2023. Las cifras del actual gobierno, con una inflación que cerrará el año en el 100%, y un 40% de pobreza, no pueden ser peores. Es la imagen de un gobierno que parece haber tenido como única misión blindar a CFK ante la posibilidad de que la justicia la condene. Frente a la inminencia de varios fallos adversos, los miembros del gabinete comienzan a pensar en los destinos individuales, alejándose paulatinamente de lo que será un verdadero tsunami penal. Hay una sistemática renuncia de ministros, que intentan volver a sus provincias, con la aspiración de competir con más éxito en sus propios territorios.

El gobierno que resulte de las próximas elecciones la tendrá muy difícil. No contará con ninguna posibilidad de recibir crédito internacional, y tendrá ante sí la realidad de un país empobrecido, que no va a tener ni un día de respiro, desde el primero en adelante. Sacar de la pobreza a casi la mitad de la población va a ser la prioridad. El trauma que este brusco descenso ha generado en los argentinos es una de las peores consecuencias. La política ha pasado a ser mala palabra. “Los políticos”, en la consideración de la ciudadanía, son una de las principales causas del empobrecimiento y destrucción del empleo.

Seguramente, Cristina Fernández de Kirchner no irá a la cárcel por contar con fueros parlamentarios, y cuando quede a la intemperie tendrá el beneficio de la edad para, si así lo indica la Justicia, cumplir su pena en prisión domiciliaria. Pero eso no es lo más importante, a pesar de lo que buena parte de la opinión pública pueda opinar.

En 1985, el presidente Raúl Alfonsín remitió a la justicia a las tres juntas militares que sometieron a los argentinos a una sistemática violación de los Derechos Humanos a partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, hasta la asunción del presidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, marcando un hecho histórico. Un gobierno civil, electo democráticamente por la ciudadanía, enjuicia a las tres juntas militares que usurparon el gobierno, y lo retuvieron durante siete años, dejando tras de sí un saldo aproximado a los 30.000 muertos y una situación económica insostenible. El mensaje fue recibido por las Fuerzas Armadas. Cada vez que se acerquen a la tentación golpista, acabarán en la cárcel, tarde o temprano acabarán en la cárcel.

40 años después, la Argentina, un país rico como pocos, de gente inteligente y trabajadora, se ve enfrentada a una de las crisis más grandes de su historia.

Si 40 años atrás, exactamente, el pueblo argentino inició un proceso de redemocratización que tanto el presidente Alfonsín, llevó adelante con el más alto sentido democrático. Los fiscales Daniel Luciani y Sergio Mola han dado inicio a un juicio que puede marcar el fin del Estado como botín, como una pésima costumbre latinoamericana. De confirmarse la decisión del Poder Judicial de Argentina de esclarecer con nitidez las responsabilidades frente a la corrupción, ese país no solo se beneficiará de lo que la democracia es capaz de garantizar a las sociedades modernas sino que será el ejemplo de que la impunidad, tarde o temprano, se termina. Debemos estar atentos al proceso que se sigue en Argentina, y hacer de él, el camino de la región para dejar atrás los totalitarismos.

Este es el primero de varios juicios que esperan a la familia Kirchner. El volumen de la acusación es tal, que sólo por este primer juicio, los fiscales Luciani y Mola piden 12 años de cárcel. Esta será la pena más importante, tanto para ella como para el resto de los implicados en la trama delictiva, y tendrá un efecto similar al juicio de 1985, en que el que tanto el fiscal Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, demostraron ante la propia Argentina y el mundo, que nadie puede sentirse impune para siempre. ¿En qué medida la condena de las juntas militares que sometieron a los argentinos a graves violaciones de sus derechos, no ha sido el freno que hoy tienen los ejércitos, y los gobiernos que abandonan sus deberes constitucionales y el ámbito de las leyes, en un subcontinente siempre amenazado por la tentación absolutista? Argentina está frente a otro reto histórico: seguir financiando la delincuencia o condenar a la endémica corrupción que se aprovecha del poder transitorio que la democracia, como la familia Kirchner y sus aliados.

Este juicio puede marcar un antes y un después, tanto para Argentina como para Latinoamérica que la justicia puede tardar, pero llega, y no sólo les hará pagar con la pérdida de la libertad, sino, también, con la pérdida de la riqueza mal habida.