Observatorio «Ojo en Nicaragua»: últimas noticias

Fecha: 12 octubre, 2022

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua exhibió por primera vez a unos 27 presas y presos políticos que guardan prisión en la cárcel policial de El Chipote y cuyos familiares habían denunciado el progresivo deterioro de su salud. A su vez, el Poder Judicial de Nicaragua, acusó por supuesta “conspiración” contra el Estado a la comunicadora Andrea Margarita Del Carmen, Directora de Programas del centro PEN Nicaragua, clausurado hace más de un año. La Policía irrumpió en su casa para detenerla el día 14 de septiembre, pero ella no se encontraba en la vivienda y los efectivos se llevaron como rehén a su hijo, Gabriel López Del Carmen.

Gobierno exhibe a presas y presos políticos

Los últimos dos días de agosto y el 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua exhibió por primera vez a 27 opositores presos en la temible cárcel policial de El Chipote, cuyos familiares habían denunciado que padecían hambre, incomunicación y enfermedades diversas que no estaban siendo atendidas.

Los detenidos fueron llevados uno a uno a la sede de los tribunales de Managua, para supuestas «audiencias informativas” que no existen como tales en el reglamento judicial, de acuerdo con expertos consultados.

En la exhibición pública, cuestionada por los familiares y por organizaciones humanitarias, fueron mostrados, entre otros, los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez, el líder empresarial Michel Healy, la dirigente opositora Violeta Granera, las opositoras Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, al igual que la mítica excomandante sandinista Dora María Téllez, protagonista de hazañas guerrilleras en los años 70, cuando Daniel Ortega proclamaba que Nicaragua jamás viviría bajo la bota de otro dictador como Anastasio Somoza, hasta entonces el más cruel y sanguinario de la historia.

Para la socióloga Sara Henríquez, defensora de derechos humanos y exiliada, Ortega exhibió a los detenidos para descalificar las denuncias de familiares que aseguraban que sus vidas corrían peligro. «Pero obtuvo el resultado contrario, pues esas fotos y videos solo reafirmaron que están siendo torturados, en aislamiento y pasando hambre”, señaló.

Entre los detenidos presentados a estas audiencias informativas se encontraban los periodistas Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa; Miguel Mora, exaspirante a la Presidencia de Nicaragua, y el cronista deportivo Miguel Mendoza.

«La exhibición pública de las y los presos políticos no fue una prueba de vida. Fue una confirmación de que el régimen los somete a tortura psicológica al negarles luz natural, alimentación sana, derecho a leer un libro o a comunicarse con sus familias. Todo esto es ‘tortura blanca’”, dijo Henríquez.

Agosto, el mes con más detenciones políticas de 2022

El gobierno de Nicaragua desató en agosto pasado la ola más grande de detenciones por “motivos políticos” de 2022, según datos del Monitoreo Nacional Azul y Blanco y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Entre el 1 y 28 de agosto, se registraron 31 arrestos arbitrarios; de estos, 15 de por “motivos políticos”. De los 15 ciudadanos detenidos, según el Mecanismo, una fue desterrada a su país de origen, seis fueron liberadas y ocho siguen encarceladas: una bajo arresto domiciliar y siete en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote.

Entre las ocho personas que siguen detenidas figura monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, que está en casa por cárcel desde el 19 de agosto. También están encarceladas siete personas que acompañaban a Álvarez en la curia y que luego fueron trasladados a El Chipote: tres sacerdotes, dos seminaristas y un laico.

Aumenta a 205 cifra de reos de conciencia

De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de personas encarceladas por motivos políticos aumentó a 205.

De ese total, 195 fueron capturadas en los últimos cuatro años, tras las protestas de abril de 2018, y 10 se encontraban ya en prisión. De los 205 presos políticos, 20 son mujeres, según el mismo informe.

En el registro figuran 16 personas (14 hombres y 2 mujeres) reconocidas como presas políticas y que fueron capturadas entre mayo y agosto de 2022, pero sus nombres han sido omitidos a solicitud de sus familiares.

En Nicaragua se han cerrado 1.775 ONGlaEl pasado 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua clausuró otras 100 ONG, con lo cual se eleva a 1.775 la cifra de entidades sin fines de lucro cerradas desde 2018, la gran mayoría de las cuales fue ilegalizadas durante el presente año.

“De esta manera se consolidan los cierres arbitrarios de organizaciones de desarrollo comunitario, de mujeres, medioambientales, indígenas, autonómicas, de promoción social y derechos políticos que atendían a los sectores más vulnerables del país”, denunció el organismo de derechos humanos “Nicaragua nunca Más”, formado en Costa Rica por defensores nicaragüenses forzados al exilio.

Denuncian redadas de opositores y capturas de familiares

El régimen de Daniel Ortega ha implementado una nueva modalidad en su escalada represiva: el secuestro extorsivo y encarcelamiento de familiares de opositores políticos, denunciaron organismos de derechos humanos y organizaciones de la oposición.

A mediados de septiembre, la policía capturó a la esposa, hija y yerno del opositor Javier Álvarez Zamora, quien horas antes había cruzado la frontera de su país hacia Costa Rica para pedir protección internacional. Álvarez reveló que las autoridades le enviaron un mensaje: “solo las pondremos en libertad si usted se entrega”.

Estas detenciones coincidieron con varias redadas de la policía en contra de activistas y miembros del movimiento político UNAMOS en distintas zonas del país. Según el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), al menos 10 personas fueron capturadas en menos de una semana, para engrosar la lista de más de 205 prisioneros políticos recluidos en Nicaragua.

Nuevos casos de represión migratoria

Durante el mes de septiembre el régimen de Nicaragua prohibió el ingreso al país de varios nicaragüenses, violentando la Constitución Política que garantiza el derecho de las personas a la libre movilización hacia y desde el territorio nacional, así como dentro del mismo.

Una de las afectadas fue la socióloga feminista María Teresa Blandón, cuya ONG La Corriente fue ilegalizada este año por el gobierno, junto a más de 1.800 organizaciones sin fines de lucro que han corrido la misma suerte. Blandón realizó un viaje de trabajo al exterior y, al regresar, se le impidió el ingreso al país.

Igual prohibición sufrió el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia del Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, quien había viajado a Miami; y el abogado Francisco Gutiérrez, propuesto como defensor del sacerdote Leonardo Urbina, encarcelado y procesado por supuesto abuso sexual.

“No hay asidero legal para impedir la entrada al país a un Nacional. Es una desfachatez y un crimen lo que han hecho” con los afectados, protestó la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez.

Acusan por supuesta “conspiración” a comunicadora de PEN Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega acusó por supuesta “conspiración” contra el Estado a la comunicadora Andrea Margarita Del Carmen, Directora de Programas del centro PEN Nicaragua, clausurado hace más de un año. La Policía irrumpió en su casa para detenerla el día 14 de septiembre, pero ella no se encontraba en la vivienda y los efectivos se llevaron como rehén a su hijo, Gabriel López Del Carmen, encerrado en la cárcel de El Chipote y acusado por el mismo delito. Debido a la persecución policial, Andrea Margarita se vio forzada a abandonar el país.

PEN Internacional exige al régimen de Nicaragua la inmediata liberación de Gabriel López Del Carmen y el retiro de todos los cargos en contra suya y de nuestra colega, así como la excarcelación de los más de 205 presas y presos políticos recluidos en las prisiones del país de manera injusta y arbitraria.

Esto es parte de una nueva embestida policiaca-judicial, en la cual Ortega acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a 17 nicaragüenses, entre ellos cinco familiares de perseguidos políticos tomados como rehenes, y cuatro trabajadores del diario La Prensa (una reportera, una secretaria administrativa y dos choferes, ambos detenidos hace dos meses).

Cronista Miguel Mendoza en huelga de hambre para ver a su hija

El periodista Miguel Mendoza mantiene una huelga de hambre en la cárcel para que se le permita ser visitado por su hija Alejandra, de ocho años de edad. El cronista deportivo fue condenado a nueve años de cárcel por publicar mensajes críticos al gobierno en Twitter y Facebook y está bajo régimen de aislamiento en la cárcel de El Chipote.

Sus 11 pedidos a la Justicia para permitir una visita de su hija no han sido contestados. Por eso, antes de visitarlo una vez al mes, su esposa Margine Pozo memoriza cada palabra que la niña le dedica, y se graba en la mente cada uno de los muchos dibujos que hace, para luego contárselo a Mendoza.

Solo 10 visitas de familiares le han sido permitidas en 15 meses de cautiverio, y bajo exageradas medidas de control. “Cuando llegamos a recepción nos revisan, me hacen desnudarme, que me quite la ropa”, relata Margine Pozo. “Para mí eso es agresión sexual. Lo hacen para evitar que uno lleve mensajes de los niños marcados en el cuerpo”, afirma.