A modo de introducción:
Montevideo, 01 de junio de 2024
El domingo próximo pasado, 2 de junio del año en curso, se llevaron a cabo elecciones “nacionales” en todo el territorio mexicano y, como consecuencia de ello, se procedió a elegir un muy alto número de cargos (por lo general cargos “políticos”) que pasarán a integrar “el gobierno” futuro del mencionado país.
Seguramente, cuando este artículo esté publicado en la Web del Centro PEN Uruguay, el nombre del (o de la) presidente futuro (a) ya será conocido del público nacional e internacional.
1.- Es más, conviene recordar a los lectores que hay históricamente, en México, elementos muy importantes que resistieron la metodología electoral para elegir la Presidencia. Desde la Revolución hasta bien avanzado el siglo XX, el nombre del presidente que resulta “elegido” para que tome las riendas del futuro del país, se conocía siempre mucho antes del acto eleccionario. Su nombre era el resultado de un proceso previo bastante peculiar y original.
La primera etapa era llamada “El Dedazo”, y consistía en un evento desconocido de casi todos los simples ciudadanos. En realidad, quien “daba” “El Dedazo” era el presidente en ejercicio de la presidencia que, de manera muy discreta y subrepticia, comenzaba a mencionar el nombre de alguno de los integrantes de su entorno para evaluar como reaccionaba, esencialmente, el partido político (poco o abiertamente anti democrático) que se autodeterminó como heredero de la revolución mexicana, el muy conocido “Partido de la Revolución Institucional” o “PRI”.
La segunda etapa del prehistórico mecanismo priísta de unción del nuevo presidente, llevaba el nombre de “El Destape”. Y se configuraba cuando, una vez evaluados como positivos los “méritos” (1) del indicado en el “Dedazo”, el PRI le proponía formalmente como “candidato del Partido” a ocupar la futura Presidencia de la República.
Recién allí se iniciaba la tercera etapa de la selección del presidente futuro, que llevaba a cabo una vistosa campaña electoral a lo largo y lo ancho del país.
Finalmente, la cuarta etapa culminaba con la organización directa del fraude electoral en el terreno y que consistía, generalmente, en la intervención de personal manejado por el PRI que procedía a cambiar las urnas “oficiales” por otras previamente preparadas.
Más allá de lo ética y políticamente objetable de esta triste historia, conviene recordar que la duración de este sistema, que hoy está notoriamente debilitado, sí hubo de funcionar por largas décadas, más precisamente por aproximadamente unos 60 años.
No resulta difícil comprender que ello tiene, como causa de fondo, el hecho de que el PRI resultó durante, todas esas décadas, el “heredero” de la Revolución Mexicana que transformó radicalmente al México del siglo anterior. Lo importante fue que esa “herencia” el PRI la capitalizó de manera casi monopólica durante unos 60 años desde 1929 hasta 1989. Es decir que, durante un muy largo período del siglo XX, el PRI operó como un partido único, de influencia nacional (3) y casi monopólica.
Más allá de que hubiese “grupos” o “partidos” que se distinguían del PRI, estos eran movimientos de escala regional y casi siempre operaron de manera sectorial o local y sin perspectiva alguna de competir realmente con el PRI en la disputa por ocupar altos niveles políticos (Ejecutivo, Legislativo, Alta Dirección de grandes empresas públicas, etc.)
2).- Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo son, en gran medida, herederas de esta confusa historia que se inicia como producto del enlentecimiento del proceso revolucionario de 1910 y de la pertinaz incapacidad que mostrarán, tanto la “clase política” como la población mexicana en su conjunto, en impulsar y construir una institucionalidad racional y sensata que incorporase fuertemente componentes democráticos. Resulta realmente sorprendente que, del gigantesco proceso de reivindicación política de un vastísimo campesinado, de un proletariado naciente y de clases urbanas razonablemente desarrolladas, nunca hubo la sensación clara de que la institucionalidad política del país respondía, efectivamente, a un enorme y muy largo, y sangriento proceso del cual nunca fue posible instaurar un conjunto sólido y creíble de prácticas esencialmente democráticas.
Por el contrario: las elecciones que se desarrollarán el domingo tendrán como resultado un Poder Ejecutivo, inoperante en materia de desarrollo, atravesado por las mismas falencias que desde hace un siglo afligen a los gobiernos de ese país.
No tiene el menor sentido ingresar en una consideración sobre los candidatos que están en juego en el acto electoral. Gane quien gane el 2 de Junio, el resultado será el mismo o muy similar a todos los procesos políticos anteriores en donde lo que reinó fue la manipulación masiva del electorado, la corrupción generalizada de los documentos de votación y de sus resultados. Y, como veremos, inmediatamente, todo ello se llevará a cabo desatando una ola de violencia sobre la población que ya está instalada en el momento en el que concluimos esta nota.
A continuación compartimos algunas notas de análisis adicionales publicadas en diferentes momentos que podrán servirle al lector para reflexionar sobre la incidencia de este fenómeno en la sociedad mexicana
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1).- Dado lo que ha sido, hasta hoy, la historia política de México, quizás la utilización del concepto de “méritos” no sea la más indicada. Pero todos sabemos que, en la vida política de los países latinoamericanos, lo que se considera “un mérito” suele no ser igualmente evaluado en países políticamente mas maduros. Es más, en la vida política mexicana hubo y hay “méritos” que pueden condenarlo a uno a la prisión perpetua.
2).- En realidad, el “partido revolucionario” en México comenzó llamándose PNR (1928-1938), P. de la Revolución Mexicana (1938-1946) y, en su final en el gobierno. el PRI usó esa apelación de 2000-2012.
3).- Algunos de esos grupos no dejaron de tener un peso significativo en los acontecimientos políticos del país. El caso mas conocido fueron las guerras “cristeras” que por, dos veces, se alzaron contra el gobierno central transformando regiones centrales como “El Bajío” en verdaderas zonas de guerra fuertemente castigadas por los combates.
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//Notas de Análisis//
1.- MÉXICO: EL LABERINTO DE LA VIOLENCIA
El sábado 30 de agosto (2008), en la mayoría de los estados de la Federación y entre las 18 y 20 horas, se movilizaron varios cientos de miles de personas en contra de la violencia que se ha desatado en la sociedad mexicana. En los Estados donde la marcha no tuvo lugar, la razón fundamental por lo que no hubo marcha, parece haber sido el temor a eventuales represalias sobre los manifestantes por parte de los grupos delictivos.
Prof. Javier Bonilla Saus
Sistema de Revistas y Publicaciones de Univ. ORT
Uruguay, 2008
Para intentar una explicación de este singular proceso, que tiene raíces culturales, ingredientes políticos y fuertes componentes vinculados al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del narcotráfico, comenzaremos simplemente por reseñar algunos titulares y noticias resumidas de la sección policial del periódico “La Jornada” del mismo día de la mencionada marcha:
-“…el Alcalde del municipio fronterizo de Cacahoatán (Tapachula, Chiapas) Rolfy Gómez… reprobó el asesinato a balazos de su hermana, Lenny Gómez, de 28 años de edad quien fue acribillada apenas la semana cuando tenía cinco meses de gestación” (Notimex);
-“Arrojan dos cabezas de mujeres cerca de la Procuraduría Gral. de Justicia del Estado de Durango”, (La Jornada);
-“De 19 asesinados en cinco Estados, cuatro fueron degollados; tres eran policías”, (La Jornada);
-“Manuel Enrique Meza Juárez, Jefe de grupo de la policía ministerial del Estado de México fue ultimado la madrugada de este viernes….en el municipio de Tultitlán” (La Jornada);
-“En….un hotel….de la carretera México-Pachuca, municipio de Tlalnepantla, fue localizado con un balazo en la cabeza Fernando Fragoso Villegas…agente adscrito al Centro de Justicia de San Juan Ixhuatepec” (La Jornada);
-“La violencia en Ciudad Juárez mató a 8 estadunidenses en agosto”, “El cónsul de los EEUU en esta…localidad informó que este mes….se han cometido 210 ejecuciones…” (La Jornada);
-“Detienen a tres presuntos ejecutores de una de las 12 decapitaciones en Yucatán”.”Los cuerpos de los 12 hombres ejecutados y decapitados el jueves en Yucatán…fueron videograbados y el video subido al portal electrónico YouTube”. ”Se presume que los propios sicarios efectuaron la grabación. En ella se observan los cadáveres de los 12 hombres colgados de los pies, manando sangre de los cuellos cercenados y, para rematar, las respectivas cabezas alineadas en el piso”. (La Jornada).
En el primer semestre del año en curso se han denunciado 459 secuestros de todo tipo. Pero la precisión y relevancia del dato es dudosa. Las autoridades estiman que sólo se denuncia 1 secuestro de cada 3, pero la población mexicana sabe perfectamente que esta estimación es extremadamente benévola: en consecuencia, cabe presumir que son miles los secuestros que se han llevado a cabo en lo que va de 2008. Tampoco es confiable la cifra oficial de muertos causados por la delincuencia en el mismo período. Por ejemplo, no es posible omitir la terrible historia de «las mujeres de Ciudad Juárez». En dicha ciudad fronteriza con El Paso,Texas, mas de 300 mujeres han sido asesinadas de acuerdo a un ritual inmutable: secuestro, tortura, crueldades sexuales, mutilaciones, estrangulamiento.
Desde hace diez años, a un ritmo promedio de dos cadáveres mensuales, se descubren en los suburbios de la ciudad cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas, totalmente desfigurados. Los investigadores oscilan entre pensar que se trata de la acción de «asesinos en serie», psicópatas, (que siguen sin ser hallados), de actividades del narcotráfico o del contrabando de ilegales. En cualquier caso una cosa seguramente es cierta: una década de asesinatos de mujeres sin que el proceso se detenga, indica claramente que los cuerpos de seguridad, o son totalmente ineficientes, o son agentes partícipes del proceso. La situación es, entonces, realmente grave: no sin profunda tristeza me escribía recientemente un colega mexicano diciéndome que la información policial comienza a parecerse a un parte de guerra: «Hay días que cuento mas muertos en México que bajas en Irak».
Esta reciente movilización de la población mexicana contra la violencia se inició como efecto del secuestro del hijo adolescente de unode los empresarios de tiendas de artículos deportivos mas grandes del país. Se pagó el rescate, pasaron varias semanas sin noticias del joven hasta que el cadaver apareció en el baúl de un automóvil. Había sido ejecutado un mes antes, quizás durante el mismo proceso de pedido del rescate. Pero el hecho en sí mismo es perfectamente coyuntural y es un claro ejemplo de cómo, un acontecimiento aislado, sirve de detonador de un problema serio y latente.
La violencia en México, como en toda sociedad, es un elemento de la vida cotidiana de este país. No existe nada parecido a una sociedad «desprovista» de violencia. Hay, por otra parte, sociedades mas o menos violentas. Pero el problema es que, en México, desde el fondo de sus raíces históricas, se han instalado modalidades culturales de ejercicio de la violencia que superan ampliamente las características que tradicionalmente adquiere la violencia social en las sociedades occidentales modernas. Esto se desprende claramente de la enumeración de noticias que hicimosel inicio o del caso de Ciudad Juárez. Es mas, son datos conocidos y admitidos por la cultura tradicional mexicana (lo retoman sus dichos cotidianos, sus leyendas, sus canciones) que determinados Estados (como Jalisco, Guerrero, algunos Estados del Norte,etc.) albergan una violencia ancestral, de origen campesino y modalidades bandoleras como las diese cuenta, en su célebre «Rebeldes Primitivos», el historiador Eric Hobsbawn.
No puede tampoco obviarse el hecho que la violencia política y sindical fue durante mucho tiempo (y seguramente lo siga siendo) un componente altamente presente en el «modo de hacer política» del México priísta. El tema no es abordable en el corto espacio de esta nota pero el lector interesado encontrará en la novela «Morir en el Golfo», de Héctor Aguilar Camín, una magnífica recreación literaria del terrible funcionamiento del tejido de violencia existente, en el momento de publicación de la novela, entre el sindicato petrolero, el PRI, los caudillos locales de Veracruz, Tabasco y Campeche y su impacto al mas alto nivel de la política nacional.
Por otra parte, si la sociedad mexicana ha sido una sociedad que ha convivido con estas modalidades de violencia inimaginables en otras sociedades occidentales, lo que parece haber sucedido en los últimos años es que nuevos elementos han venido a agregarse a esa cultura tradicional de la violencia agravando mas la situación.
Por un lado, la voluntad gubernamental de, al menos intentar, «sanear» vastos sectores de los cuerpos de seguridad ha generado la aparición de cientos de grupos, mas o menos organizados, de ex agentes que ahora se dedican abiertamente a delinquir. No puede tampoco dejar de mencionarse que, en determinadas regiones de México, al igual que en Centroamérica, el fenómeno de las «maras» o grupos juveniles altamente organizados y fuertemente armados ha llegado para quedarse. Curiosamente esta modalidad delictiva es de origen «moderno» y, en los hechos, nace en los «guettos» de latinos pobres emigrados a los EE.UU y luego se «contagia» hacia los países del sur.
Pero, lo mas importante, entre estas nuevas manifestaciones de violencia, es la irrupción de las actividades cada vez mas desembozadas y audaces de los grupos de narcotraficantes que no han cesado de fortalecerse en las últimas décadas. La penetración de estos grupos en la sociedad mexicana ha ido «in crescendo» y hoy, en realidad, además de ser un elemento fundamental de la exacerbación de la violencia han accedido, por esa misma vía, al estatuto de actores políticos de la vida nacional. No es necesario abundar sobre la gravedad de lo expresado arriba: no en vano hay quienes hablan de la «colombianización» de México.
Por todo lo anterior, la sana reacción de vastos sectores de la población mexicana dispuestos a decir «basta» es un elemento alentador en este sombrío panorama. Aunque nadie ignora que la marcha fue organizada, también, con objetivos políticos partidarios, aunque no faltaron los tilingos que la calificaron como «la marcha de los ricos», una cosa sigue siendo cierta: sin un nivel adecuado de respeto por la vida de los ciudadanos no hay libertad, no hay estado de derecho, no hay democracia. Estamos simplemente en el mas hobbesiano de los estados de naturaleza.
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2.- México, en el laberinto de la violencia
La captura del hijo de ‘El Chapo’, antes de la visita a México de Biden, desata la violencia y abre un debate: ¿será el fin del apaciguamiento con el narcotráfico?
Por Ricardo Cayuela Gally
07 de enero de 2023
Publicado en theobjective.com
Pese a que la población sufre cotidianamente los estragos de la violencia, los límites a la libertad de expresión que impone la narco-política local y la fragilidad de comercio de proximidad por la venta de protección del mafioso de barrio, existe en México una idealización del crimen organizado, tanto en la alta cultura como en la cultura popular, que permea al conjunto de la sociedad.
Las novelas del género que saturan las mesas de novedades de las librerías suelen presentar tramas con un tenso equilibrio entre las infracciones a la ley de los criminales y las de los militares y policías que los combaten, de tal suerte que el límite entre el bien y el mal queda difuso, compartido en un terreno de nadie. De igual manera, las series de narcos han construido un prototipo de matón-galán, atávico pero atractivo, que seduce hermosas mujeres al tiempo que pilota avionetas por inaccesibles parajes de inaudita belleza y corrompe frágiles marionetas municipales, corruptas por antonomasia.
Ambos leguajes, el literario y el audiovisual, coinciden en que la violencia entre los criminales, nunca contra la sociedad, tiene causas concretas y objetivas, como la ruptura del código de lealtad entre mafiosos, la traición al clan propio por ambición o el ataque a los familiares de los rivales, lo que la legitima a ojos del lector o espectador. Los narcocorridos, herederos del romancero español también en octosílabos rimados, enaltecen la picardía del criminal que burla la ley, una pasión compartida en México por todos los estamentos sociales. «Hecha la ley, hecha la transa». O «el que no transa no avanza».
El culto a Jesús Malverde, santo de los criminales, versión morena de Robin Hood, cuya capilla está tapizada de exvotos enviados por presos y ex convictos, y el culto de aire satánico a la Santa Muerte cierran el ciclo, de lo profano a lo divino, de una convivencia y de una aceptación de amplio espectro social del crimen en México.
En la definición clásica de Max Weber el Estado debe tener el monopolio legítimo de la violencia. Esta máxima no se cumple en México, y las consecuencias están a la vista de todos: cien mil muertos al año, miles de desaparecidos, desplazados y migrantes forzosos; casas y barrios abandonados, comercios en quiebra. México sufre la violencia, al año, de cien bandas terroristas ETA. Encajuelados, cuerpos disueltos en ácidos, madres en busca de sus hijos con palas y picos en las fosas clandestinas que se descubren periódicamente. México no vive en shock permanente porque se protege con el síndrome de la negación de la muerte que estudió Ernest Becker. Así, son frecuentes las frases: «No es tan peligroso como parece», «Solo se matan entre ellos» (sin saber que ellos son siempre nosotros), «Nada más no te metas en problemas», «Evita regresar sola», «Nada más no contestes provocaciones en la vía pública», y la peor: «Algo habrá hecho, vete tú a saber en qué estaría metido».
En la era del PRI (1946-2000), el crimen organizado era una rama de la policía judicial. Tenía licencia para robar y traficar, e imponía su autoridad con una violencia extrema, pero selectiva. Y había un control vertical. Oculto, pero conocido por todos, que terminaba en la puerta de la Presidencia de la República. Con la llegada de la democracia, este arreglo tenebroso se rompió, el crimen se fragmentó y regionalizó y la violencia subió. Pero ojo: no como una consecuencia inevitable o no deseada de la democracia, sino como una forma de resistencia del modelo autoritario.
Por eso, la lógica del presidente Felipe Calderón (2006-2012) era la correcta. Libertad de expresión sin cortapisas para exhibir las complicidades del poder con lo ilícito y lucha sin cuartel contra el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, pero dentro del marco de la ley. Lamentablemente, esta estrategia tuvo miles de errores tácticos, excesos injustificables, resistencias internas de los cuerpos de seguridad y una mala pedagogía que acabó en abierto rechazo social. Peña Nieto (2012-2018) mantuvo la política de combate al crimen sin estridencias retóricas, punto a su favor, pero sin convicción, punto en contra, y abrió la puerta a pactos regionales que López Obrador (2018-2024) ha convertido en una suerte de acuerdo nacional, obviamente nunca declarado, pero trasparente para cualquier observador de la vida nacional.
Los resultados son desastrosos: mayor violencia, más crímenes contra la prensa, deterioro del pequeño negocio, sujeto la extorsión de la mafia, y derrota moral del poder político ante el poder de las armas.
Al otro lado de la frontera, la muerte por sobredosis por heroína y otros opiáceos tiene dimensiones de epidemia. Y ambos productos son las estrellas del portafolios de negocios del Cartel de Sinaloa, dirigido por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y por el intocado Mayo Zambada. «Hace tres años el Ejército mexicano ya lo detuvo y, por órdenes del presidente López Obrador, fue liberado horas después». De ahí la enorme presión americana, tanto política como mediática, sobre López Obrador.
El tratado de libre comercio que incluye a Canadá y los 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos son la clave de la economía mexicana. Turismo, inversión extranjera, remesas, estabilidad del peso y exportaciones dependen de una manera colosal de esa relación bilateral. Y marcan la diferencia entre México y el resto de los países latinoamericanos. Una cifra basta para entender esa afirmación: al año, México exporta más a Estados Unidos que el resto de América Latina (excluido Brasil) al mundo.
Este es el contexto en el que entender la captura de Ovidio Guzmán este jueves, tres días antes de la visita de Joe Biden a México. Una condición. Un tributo forzado. Recordemos que hace tres años el Ejército mexicano ya lo detuvo y, por órdenes del presidente López Obrador, fue liberado horas después con la excusa de evitar una ola de violencia en respuesta. Una vergonzosa claudicación ante el poder del crimen que ahora se corrige, al menos en apariencia. La opinión pública mexicana se divide entre quienes ven esta nueva detención como el fin inevitable de la política del presidente López Obrador de no combatir al crimen y los que sostienen, como Guillermo Valdés, responsable de la estrategia de Calderón, que es una decisión obligada por la presión americana pero que no tendrá más consecuencias prácticas que la metamorfosis de El Ratón, apodo de Ovidio Guzmán, en chivo expiatorio. Es decir, que cuando Biden regrese su país, todo volverá la «normalidad».
La falta de contención de la Policía y del Ejército ante la ola inaudita de violencia que azota desde este jueves a Culiacán (capital de Sinaloa), con decenas de muertos, comercios saqueados, calles cortadas en manos de cientos de delincuentes que exhiben ufanos sus armas de alto poder, coches y camiones incendiados, ataques a la policía y el ejército, e incluso a un avión comercial en maniobras de despegue, augura lo peor. También hay quien argumenta con solvencia que se trató de una decisión de la Armada de México de la que no se informó al presidente hasta que no estuvo asegurada, y que la señal del Ejército al poder Ejecutivo es idéntica a la de Estados Unidos. No más pactos con el crimen.
En cualquier caso, la luz al final del túnel no vendrá de este Gobierno inmoral e incapaz, ni de la peligrosa iniciativa castrense, si se confirma la hipótesis de la captura sin orden presidencial, sino de la fuerza de la sociedad civil, que ha ganado ya importantes batallas contra la pulsión autoritaria de López Obrador. Falta lo más difícil: construir una cultura de la legalidad. Porque, como decía el gran jurista italiano Piero Calamandrei, «la ley es la última frontera de protección de los ciudadanos».
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3.- Un balance triste de nuestra democracia
La elección presidencial tutelada por el gobierno lopezobradorista no quedará en nuestra historia como un proceso equitativo, confiable ni libre.
Por Ivabelle Arroyo
22 mayo 2024
Publicado en la revista Letras Libres
Con estos dos párrafos finalicé un ensayo que publiqué en estas páginas en mayo de 2023, hace más de un año:
Lo peor que puede pasar para la democracia en México es que quien gane la presidencia se lleve todo: diputados, senadores, gobiernos estatales, Ciudad de México y simpatías en la Corte. En ese desastroso coctel, la actuación del INE, de los medios y de los partidos es crucial. Si el INE termina por ser parcial y si los medios se vuelven actores, el problema se agravará. Si los partidos abandonan prácticas democráticas como la del respeto al ganador y a las instituciones electorales, uso de canales formales para las demandas y la no complicidad frente a otros partidos, entonces no habrá elección que valga: habremos caído al pozo del autoritarismo y del caos político.
Esto no depende solo de que el triunfo presidencial se lo lleve el partido gobernante o los de oposición, sino de cómo se transita a ese resultado: con qué legitimidad operativa, con qué respaldo jurídico, con qué ecosistema legislativo, con qué arreglo fáctico federal y con qué tipo de incentivos para que los perdedores actúen con responsabilidad. Si las piezas del arco tienen el peso justo y, además, el ganador no se lleva todo, tendremos arco. No sé si un buen gobierno, pero sí la posibilidad de cambiarlo en paz.
Lo releo ahora, a punto de terminar el proceso electoral que nos conduce a la votación del 2 de junio, y advierto con horror no solo algunas piezas desacomodadas o descascaradas, sino elementos adicionales que complican la elección y, por lo tanto, a la democracia mexicana. Esta, la primera elección presidencial tutelada por un lopezobradorismo gobernante, no quedará en nuestra historia como un proceso equitativo, confiable y libre.
1. La equidad en la contienda se dañó, no solo por la ventaja de quienes hicieron campaña adelantada con recursos públicos o el probable pero no probado desvío de dinero, sino por el desequilibrio informativo. He de decir que advierto un ecosistema de medios de comunicación con crítica, disenso y pluralidad, acosado pero resiliente y útil a la democracia. Aunque los periodistas no tienen tranquilidad física ni reciben respeto del poderoso, el ecosistema en su conjunto proveyó información plural y confiable a los electores. Las falsas noticias y la manipulación de la información no afectaron la línea de flotación del sistema como habíamos temido. Sin embargo, hubo un elemento muy perturbador: las conferencias diarias del presidente. Usando ventajosamente recursos mayúsculos para hacer propaganda, Andrés Manuel López Obrador fue un poderoso jugador del sistema de medios y un peso pesado en la balanza de las campañas electorales. No solo desequilibró la contienda, sino que desoyó selectivamente a los árbitros que tímidamente le pitaron desde el tribunal electoral. Los apoyos, las bendiciones y las críticas no fueron inocuos. ¿Qué tan nocivos fueron? Se puede discutir. Lo que es irrefutable es que López Obrador participó en la contienda con los recursos de la presidencia a favor de un partido.
2. El proceso es tan importante como el resultado, o incluso más, pues sin legitimidad operativa no hay confianza y se pierde la legitimidad política. Eso apunta directamente a las capacidades y la credibilidad de los organismos electorales, que fueron acosados, sacudidos y disminuidos principalmente por el poder ejecutivo y su mayoría en el legislativo, pero también por un sistema de partidos que reaccionó débil e inadecuadamente a la presión del poder.
El acoso al Instituto Nacional Electoral debilitó su autoridad y correcto funcionamiento, ya que la dinámica en la que se envolvió a los consejeros hizo imposibles los acuerdos y la institución dejó acéfalas durante meses a la propia Secretaría Ejecutiva y a direcciones tan fundamentales como la de Prerrogativas. Apenas en enero de este año nombraron a encargados de despacho, impuestos sin consenso. Por su parte, el Tribunal Electoral fue instrumentalizado políticamente hasta que renunció su presidente. Además, el pleno opera con dos magistrados faltantes por voluntad (quise decir anomia) legislativa. Esto se multiplicó en los estados: resulta que la Sala superior del tribunal electoral en Hidalgo también trabaja con dos sillas vacantes y que el instituto electoral de Chiapas tiene una “consejera presidenta provisional”. No es el único, pero lo traigo a colación porque ese estado vive una alarmante convulsión política. Esto genera mucha incertidumbre: las instituciones están medio abolladas y si la carreta se atora con una pequeña piedrita, se pueden voltear. Hasta ahora han sido resilientes, pero las condiciones en las que operan las hacen vulnerables, y eso a su vez hace mella en la confianza.
3. El tercer elemento que traigo a colación es el más grave: la violencia. No solo porque estamos hablando de vidas segadas, sino porque la violencia elimina la posibilidad de tener elecciones libres e impacta tanto en la confianza como en la equidad.
Los asesinatos, las amenazas, los secuestros y las agresiones afectaron sobre todo a los candidatos a presidencias municipales, pero mancharon todo el proceso. ¿O alguien cree que es posible aislar esa violencia local y votar en paz para la presidencia y el Congreso? ¿Acaso son casillas en mundos distintos? En Chiapas, con 23 asesinatos políticos en 8 meses, más retenes que encaran a la mismísima candidata presidencial oficial, ¿se podrá votar en libertad? En Celaya, con la candidata de Morena abatida a tiros el primer día de campaña, ¿se puede hablar de elecciones justas? En Zacatecas, en Guerrero, ¿hay tranquilidad para hacer fiesta cívica el 2 de junio? El miedo, la fuerza superior del crimen organizado frente al Estado en algunas zonas, la convicción de que la tranquilidad depende de escuchar a las pistolas y no a las propuestas, nos quitan la libertad, y elegir sin libertad no es elegir. No solo eso: hay estados en donde la capacitación electoral fue limitada (en 964 secciones electorales consideradas peligrosas se aplicaron protocolos especiales) y municipios adonde no entraron ni periodistas ni encuestadores. En Chiapas, 515 candidatos renunciaron al proceso. No fue por inseguridad, se dice de 490. No importa, es una dimisión masiva y claramente es resultado de un problema.
Como si de otro México se tratara, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez tuvieron un proceso electoral presidencial entre algodones. No hubo violencia, hubo debates sustanciosos y en paz, hicieron sus mítines y fueron recibidos (cuando aceptaron o buscaron) por los medios de comunicación más importantes. Tuvieron recursos, apoyo y cobertura, y no se tiene noticia de que hayan sufrido persecución fiscal, criminal o militar. Al menos ellos tres no. Pero la elección no será en el Zócalo capitalino. Será en Fresnillo, en Celaya, en Taxco, en Chilpancingo, en Ocozocuautla y Cajeme: será en todo el país.
Este recuento no es exhaustivo, pero es suficiente para hacer un balance negro de nuestra democracia. Sobre todo, porque el panorama no se debe a un desastre natural o un huracán que creció de repente, sino a un gobierno que transforma instituciones para quitar obstáculos a su proyecto, que desprecia la crítica y por lo tanto es propenso a equivocarse; que concentra el poder, que desprecia la ley y que paraliza el funcionamiento de árbitros y contrapesos.
La candidata oficial anuncia más concentración de poder. Claudia Sheinbaum promete reformas contra el poder judicial, garantiza que habrá consultas para evadir el partidismo que no representa al pueblo, construirá un segundo piso para las tareas militares, quiere menos INE y pide el voto completo para tener un gobierno con todos los legisladores necesarios para dar más poder al ejecutivo sin dialogar con fuerzas retrógradas y jueces incómodos. No veo en los universos políticos de Xóchitl Gálvez o de Jorge Álvarez Máynez una garantía para evitarlo, pero sí leo en las promesas de Sheinbaum la intención explícita de hacerlo. Ella no engaña: nos ha mostrado lo que quiere hacer y ha avisado ya que, si le damos la fuerza, lo hará.
Por eso concluyo este balance triste sobre nuestro proceso electoral inequitativo, poco confiable y violento con un llamado a la defensa de la democracia futura y una invitación a fragmentar el poder. Si gana Sheinbaum y al mismo tiempo su partido gana estados y mayorías legislativas, se habrá cometido un error electoral contra la libertad. Que gane Sheinbaum no es un problema, pues ella enarbola un proyecto de gobierno legítimo; el problema es que también enarbola un proyecto de régimen antidemocrático. Si tiene el gobierno, será un gobierno a criticar, como cualquier otro. Pero que no tenga el régimen, porque hay serias dudas sobre nuestra libertad para seguirlo criticando.
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4. – Elecciones: México entra en la última semana
de una de las campañas más sangrientas de su historia
Un total de 36 personas que se postulaban a cargos públicos fueron asesinadas en el último año; López Obrador minimizó los peligros antes de los comicios del próximo 2 de junio.
Por Emiliano Rodríguez Mega y Simón Romero
26 de mayo de 2024
Publicado en La Nacion (Argentina), tomado de The New York Times
CIUDAD DE MÉXICO.- Gisela Gaytán acababa de llegar a un evento en el primer día de su campaña electoral para una alcaldía en el corazón industrial del centro de México, cuando comenzaron los disparos. Momentos después, su cuerpo sin vida yacía en un charco de sangre.
El asesinato a plena luz del día de Gaytán, una abogada de 37 años, refleja una tendencia macabra en las elecciones generales de este año en México. Gaytán es una de las 36 personas asesinadas en el último año que aspiraban a un cargo público, según un análisis de The New York Times, convirtiendo este en uno de los ciclos electorales más sangrientos en memoria reciente.
Los asesinatos de candidatos señalan una amenaza al corazón de la democracia de México. Los votantes se están preparando para emitir su voto el próximo domingo 2 de junio en una animada elección que podría resultar en la primera mujer presidenta del país, un hito en el país de habla hispana más grande del mundo.
Sin embargo, analistas y funcionarios de seguridad afirman que los carteles envalentonados están sembrando el miedo en las contiendas a nivel local a medida que expanden su alcance a través de la extorsión, el tráfico de migrantes y la producción de alimentos.
Para aumentar la sensación de terror, no solo los candidatos sino también sus familiares están siendo cada vez más el objetivo de los ataques: al menos 14 de esos familiares han sido asesinados en los últimos meses. Algunos casos han sido especialmente espantosos; este mes, en el estado de Guerrero, se encontraron los cuerpos desmembrados de un candidato a regidor de ayuntamiento y de su esposa.
Los grupos armados también están convirtiendo algunos de los asesinatos en tiroteos masivos. En el estado de Chiapas, este mes, un grupo de hombres armados asesinaron a una candidata a la alcaldía y a otras siete personas, entre ellas la hermana de la candidata y una niña.
Para maximizar sus ganancias, los grupos criminales necesitan funcionarios electos dóciles. Las amenazas y los sobornos pueden garantizar que el alcalde de una pequeña ciudad o un miembro del concejo municipal haga la vista gorda ante actividades ilícitas. Pero como deja dolorosamente claro el derramamiento de sangre en localidades de todo México, afirman los analistas, los candidatos que se atrevan a desviarse de esa cooperación corren el riesgo de ser asesinados.
Como resultado, muchos han abandonado las contiendas. Algunos partidos políticos se han retirado de ciertas localidades al no poder encontrar personas dispuestas a postularse. En vez de contactar a los votantes en público, algunas campañas locales se han trasladado en gran medida a internet.
Casi a nivel semanal, más candidatos han sido objetos de ataques. Desde que la muerte de Gaytán el 1 de abril conmocionó a la ciudad de Celaya, al menos ocho candidatos más han sido asesinados en todo el país.
Los ataques se han intensificado en estados donde los grupos criminales se han fragmentado en múltiples bandas delictivas, todas ellas compitiendo ferozmente para obtener poder. Otra razón de la enorme magnitud de la masacre es el gran tamaño de estas elecciones. Con más de 20.000 cargos locales en disputa, es la elección más grande de México de todos los tiempos.
Sandra Ley, analista de seguridad del grupo de políticas públicas «México Evalúa», afirmó que los asesinatos mostraban que los grupos de crimen organizado estaban protegidos por funcionarios locales corruptos o intimidados.
Los carteles, afirmó Ley, necesitan “acceso a recursos e información que le es fundamental en su día a día”.
A pesar de los ataques, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras figuras de su partido Morena, en su mayoría, han minimizado el peligro.
Pero el asesinato de Gaytán, miembro de Morena, conmocionó al país, y López Obrador habló al respecto al día siguiente, en su conferencia de prensa matutina.
“Estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia”, le dijo a los periodistas. Pero también sugirió rápidamente que el asesinato estaba relacionado con los altos niveles de violencia en Guanajuato, el estado donde se encuentra Celaya, y no con las elecciones de México.
La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que estaba proporcionando protección a 487 candidatos.
Según expertos en seguridad, parte del incremento de la violencia de los carteles tiene que ver con la propia estrategia de seguridad del presidente mexicano. López Obrador llegó a la presidencia en 2018 prometiendo reformar la estrategia del país hacia la delincuencia, con énfasis en abordar la pobreza que hace que los jóvenes se unan a bandas criminales en lugar de enfrentar de manera agresiva a los carteles en las calles.
El plan, al cual López Obrador llamó “abrazos, no balazos”, ha tenido cierto éxito. Coincidió con una disminución de los asesinatos en masa que ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los grupos armados, aunque informes recientes sugieren que ha habido excepciones durante su gobierno.
“Pero tuvo, digamos, un efecto no deseado muy pernicioso”, afirmó Eduardo Guerrero, consultor de seguridad radicado en México. Al dejarlos en su mayoría en paz, dijo, los grupos criminales se han envalentonado y han expandido su presencia a nuevas áreas.
La violencia electoral ha permeado estados en los que previamente no habían sucedido este tipo de ataques en elecciones previas, más notablemente Chiapas, el estado más pobre de México. La región se ha visto recientemente sumida en masacres a medida que dos carteles notorios y varias facciones luchan por el control de la frontera sur del país con Guatemala. Al menos seis personas que optaban a cargos públicos han sido asesinadas en Chiapas desde diciembre, según un recuento del Times.
Este tipo de asesinatos están atentando contra la estructura de la democracia de México.
“¿Quién va a querer ir a un mitin donde hay el riesgo de que con un dron puedan lanzar una bomba?”, preguntó Guillermo Valencia, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Michoacán donde, en febrero, hombres armados asesinaron a dos precandidatos a la alcaldía de partidos rivales en la ciudad de Maravatío, el mismo día.
Antonio Carreño, coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, dijo que al menos siete candidatos de su partido habían abandonado la contienda, expresando dudas sobre si México podía jactarse de tener elecciones libres y estado de derecho.
“La cuestión es clara: ¿dónde está la democracia?”, dijo.
El estado donde fue asesinada Gaytán, Guanajuato, donde una economía vibrante coexiste con desafíos de seguridad latentes, muestra los riesgos que enfrentan las personas que se postulan para cargos públicos.
Acompañada por una mujer guardaespaldas contratada de forma privada, Gaytán acababa de iniciar su campaña, plenamente consciente del peligro que enfrentaba. Apenas horas antes de su asesinato, en un mitin local, había anunciado algunos de sus planes para lograr que la ciudad de Celaya fuera más segura.
Había prometido detener las actividades de los funcionarios corruptos, mejorar los salarios y las condiciones laborales de los agentes de policía e instalar botones de pánico y cámaras de vigilancia en toda la ciudad.
Antes de ser asesinada, el partido Morena había solicitado a las autoridades federales protección para ella y otros ocho candidatos a alcaldías en Guanajuato, afirmó Jesús Ramírez Garibay, el secretario general del comité estatal del partido. Pero la solicitud, añadió, permaneció en un limbo burocrático durante semanas, rebotando entre las autoridades federales y estatales sin ser aprobada.
“Estos candidatos quedaron desprotegidos porque no hubo una intervención rápida del instituto electoral del estado y del gobierno estatal”, aseguró Ramírez Garibay. “Comenzaron sus campañas bajo su propio riesgo, solo con la bendición de Dios”.
En una entrevista, el secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, aseguró que su despacho nunca recibió una solicitud de protección para Gaytán. Y según un análisis de riesgo que el estado realizó en diciembre estudiando la vulnerabilidad de cada candidato, ella no lo habría necesitado, alegó.
“Estaba en un nivel bajo de riesgo”, afirmó Cabeza de Vaca. “Pero eso no es tan importante. Lo importante para mí fue pues que no tuve una solicitud. Independientemente de nuestro análisis interno, quien pide protección se le da protección”.
Amenazas a otros candidatos
Alma Alcaraz, candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guanajuato, declaró tras la muerte de Gaytán que había comenzado a recibir amenazas. “Empezaron a través de redes sociales a decirnos: ‘Usted es la que sigue, prepárese, deje la contienda, retírese.’”, dijo.
Los agentes de la policía estatal y municipal de Guanajuato están protegiendo en la actualidad a 255 candidatos locales, informó Cabeza de Vaca.
Sin embargo, persisten las condiciones que han convertido a Guanajuato -y a Celaya en particular- en un hervidero de violencia.
Guanajuato alberga una serie de plantas manufactureras que forman parte de un auge del nearshoring en el que las empresas han trasladado industrias de China a México. Pero también es un lugar donde dos cárteles, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, están involucrados en un prolongado conflicto por el control de operaciones de extorsión y territorio para vender metanfetamina.
Un lucrativo comercio de combustible robado, una fuerza policial debilitada y guerras territoriales criminales han convertido a Guanajuato en un campo de batalla. Los homicidios han disminuido con respecto a los niveles de la era de la pandemia, pero los datos del gobierno muestran que siguen siendo excepcionalmente altos, con al menos 2581 asesinatos registrados en 2023, más que cualquier otro estado del país.
La Fiscalía General del estado de Guanajuato declaró este mes que las autoridades habían detenido a siete sospechosos de una “célula delictiva” no identificada, por su vinculación con el asesinato, y que incluso más personas podrían estar involucradas.
A medida que aumentan las tensiones políticas por el asesinato de Gaytán, otros candidatos locales están analizando lo que significa seguir involucrado en la política.
Juan Miguel Ramírez, profesor universitario que remplazó a Gaytán en la boleta electoral, declaró que hacer campaña se ha convertido en un ejercicio surreal en el que está flanqueado por una decena de soldados uniformados, incluso cuando da clases.
En un día sofocante de mayo, demostró gran confianza en sus posibilidades. Pero, admitió, el clima de miedo en Celaya y la suerte de su antecesora le han hecho diluir lo que dice en la campaña electoral.
Ramírez se abstiene de enfocarse en los desafíos de seguridad de la ciudad como lo había hecho ella.
“Hay muchos grupos delictivos en Celaya”, agregó. “A algunos de los grupos que hay aquí pues no les gustó esa propuesta. Entonces en función de eso yo hago propuestas ahora generales”.
