PEN International y otras siete organizaciones de libertad de expresión, incluidas PEN América, PEN México y PEN Quebec, han presentado hoy un informe amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Tulio Álvarez contra Venezuela. El caso se refiere al uso de la legislación penal, incluidas penas severas y de gran alcance, para reprimir la libertad de expresión, y destaca el potencial de abuso que poseen tales leyes.

El demandante, Tulio Álvarez, es un abogado en derecho constitucional venezolano y profesor universitario. Tulio recibió una condena penal por “difamación agravada continuada” por una columna publicada en un periódico local sobre la presunta malversación de fondos pertenecientes a la Caja de Ahorros de los Pensionados y Jubilados de la Asamblea Nacional. El caso penal en su contra fue presentado por un exdiputado —y entonces presidente de la Asamblea Nacional— al que Álvarez había sugerido en su columna como responsable de la malversación de los fondos. En febrero de 2005, Álvarez fue condenado a dos años y tres meses de prisión y fue inhabilitado para ocupar un cargo público. Cuando más tarde se suspendió su sentencia de encarcelamiento, se le impidió salir del país durante el período de libertad condicional que reemplazó la sentencia de prisión.

Álvarez llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”), argumentando que el estado venezolano había violado su derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo, a la libertad de movimiento y sus derechos políticos en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión falló a favor de Álvarez en 2017 y remitió el caso a la Corte IDH. Al hacerlo, señaló que los procesos penales por difamación de funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público se habían convertido en una tendencia preocupante en Venezuela, lo que resultó en intimidación y autocensura que afectaron de manera desproporcionada a la libertad de expresión.

El informe amicus curiae presentado hoy por Media Legal Defence Initiative, PEN International, PEN América, PEN México, PEN Quebec, Media Law Resource Center, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Human Rights Watch destaca el creciente reconocimiento internacional de que las leyes de difamación penal son incompatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La intervención argumenta que la criminalización la expresión debe ser una medida de último recurso en circunstancias excepcionales, limitada a casos de expresión de odio o incitación a la violencia, y que deben abolirse las leyes penales de difamación para evitar el abuso de las mismas, como en el caso de Álvarez. Finalmente, la intervención señala que incluso las leyes de difamación civil pueden tener un efecto estremecedor sobre la libertad de expresión si las sanciones impuestas son demasiado severas.

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