Ojo en Nicaragua: Ultimas Noticias

Fecha: 15 marzo, 2024

PEN Internacional, Artist At Risk Connection, PEN Argentina, PEN Quebec y PEN San Miguel de Allende, con el apoyo de otros Centros PEN en Las Américas, crearon el Observatorio Internacional «Ojo con Nicaragua». Este es un espacio donde se exponen y documentan los intentos de censura sostenidos del gobierno nicaragüense.

Gioconda Belli recibirá el Doctorado Honoris Causa

La reconocida poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta del Centro PEN Nicaraguarecibirá en mayo próximo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), anunció la casa de estudios al reconocer la importante trayectoria literaria de la escritora nicaragüense, exiliada en España.

El Consejo Universitario de la UCR decidió honrar a Belli, que recientemente fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía de España, por «su trayectoria y en agradecimiento a su aporte en la construcción de una conciencia crítica, la difusión de las artes, la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos».

La poeta agradeció el Doctorado Honoris Causa con una breve publicación en su cuenta de X: «Recibirlo de una Universidad con tanto prestigio y de un país que admiro y quiero, es un honor y gozo enorme», escribió.

El 15 de febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses privaron a Gioconda Belli de su nacionalidad y confiscaron sus bienes, junto a otros 93 nicaragüenses declarados como ella «traidores a la patria» por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La misma medida se había aplicado una semana antes a 222 opositores presos que fueron excarcelados y deportados a Estados Unidos.

Ortega ha cerrado o confiscado 54 medios y 16 espacios informativos

La represión del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente sigue en ascenso. Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, reveló que desde abril de 2018 hasta fines de 2023 fueron cerrados, confiscados o destruidos más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos.

Al menos siete periodistas y comunicadores fueron encarcelados en ese mismo período y uno de ellos, Víctor Ticay, corresponsal del canal 10 de televisión, lleva 11 meses en prisión y fue condenado a ocho años de cárcel por cubrir una procesión religiosa durante la Semana Santa de 2023.

El informe destaca que el exilio forzado de al menos 242 periodistas que desde 2018 fueron víctimas de amenazas, persecución u órdenes de arresto, ha significado cambios dolorosos en sus vidas y les ha causado graves dificultades económicas, lo que incluso llevó a algunos a buscar otros medios de subsistencia.

Sin embargo, el afán de seguir informando desde el exilio llevó al surgimiento de 24 plataformas digitales en el exterior, que luchan día a día contra la censura y el «apagón informativo» en que el régimen pretende sumir a Nicaragua.

Incumplimiento de medidas cautelares

En otro estudio, el Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que de 28 resoluciones de medidas cautelares a periodistas de América Latina que ha dictado desde 2018 la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión, 15 han sido sobre Nicaragua: «Y eso nos revela la gravedad del problema de un país pequeño con unas restricciones a las libertades fundamentales desproporcionadas e inaceptables».

Sin embargo, el informe afirma que en Nicaragua «ninguna de las medidas cautelares» han sido cumplidas por falta de voluntad del régimen de Ortega.

Según el Índice Chapultepec, presentado en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Nicaragua vive el peor retroceso en libertad de prensa a nivel latinoamericano, con 300 agresiones a periodistas y más de 700 ataques a medios de comunicación.

Medios cierran por falta de recursos

De las antiguas y nuevas plataformas digitales nicaragüenses que operan desde el exilio, al menos tres han cesado sus operaciones por falta de recursos, según advirtió el periodista José Cardoza, directivo de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), fundada tras la crisis de 2018.

Juan Daniel Treminio, un periodista nicaragüense exiliado en Guatemala, desde donde dirige el medio digital Coyuntura, dijo por su parte que es difícil acceder a un apoyo financiero para seguir operando.

«Cada vez hay menos oportunidades y menos apoyo» a los medios digitales, dijo Treminio y lamentó que para obtener recursos en el exterior se deben realizar rigurosos procedimientos y en muchos casos no hay una respuesta positiva. «Nuestra realidad es dura, es difícil, pero la estamos enfrentando con nuestras cualidades y con nuestras fuerzas», agregó.

El Gobierno radicaliza su autoritarismo

El año 2024 avanza en Nicaragua con mayores incertidumbres y pocos pronósticos favorables para la población, a causa de la radicalización autoritaria del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para asegurar a toda costa su permanencia en el poder y la sucesión dinámica», señaló un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), una ONG que dirige la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra.

Según el CETCAM, el año 2023 y los inicios de 2024 han estado marcados por un proceso de institucionalización del «estado policial de facto» que los Ortega Murillo impusieron sobre Nicaragua desde 2018, cuando estalló la rebelión popular. Esa «institucionalización» busca legalizar la vigilancia, el control y la represión sobre toda la sociedad y sobre grupos de personas específicas.

Para el CETCAM, este es el objetivo de Ortega con la reestructuración de instituciones claves como la Policía, el Poder Judicial, el servicio exterior y las alcaldías, así como la radicalización de los repertorios de represión con violaciones de derechos humanos: destierros, desnacionalizaciones, retenciones migratorias y negativas de ingreso al país, entre otras.

«A esto se suma la destrucción del valioso capital social que la sociedad nicaragüense había construido a lo largo de varias décadas con la eliminación de miles de organizaciones de sociedad civil, filantrópicas y religiosas, así como la imposición de una estructura de vigilancia y control sobre la ciudadanía compuesta por aparatos estatales y para estatales Nicaragua», destacó el informe al referirse a la clausura y confiscación de bienes de más de 3. 500 ONG.500 ONG.

Estados Unidos anuncia apoyo a periodistas

El gobierno de Estados Unidos anunció que dispone de más de 3 millones de dólares para financiar proyectos de periodismo de investigación e iniciativas anticorrupción en América Central, incluyendo a Nicaragua.

La ayuda, canalizada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), servirá para reforzar el «trabajo de los medios y periodistas independientes para informar al público sobre la corrupción, al tiempo que promueven la transparencia gubernamental, rendición de cuentas y respeto de los derechos humanos», dijo a la VOA un portavoz de la agencia.

La iniciativa busca una mayor colaboración entre medios de comunicación independientes y periodistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de ampliar «el acceso a servicios para que los periodistas gestionen su seguridad» mientras trabajan «en entornos de alto riesgo».

Periodista nicaragüense recibe permiso de estancia en Estados Unidos

La periodista Joselin Montes, que enfrentaba un inminente proceso de deportación de Estados Unidos, fue liberada el jueves 22 de febrero del centro de reclusión de Georgia, donde se encontraba, luego de que un juez frenó la orden de expulsión y falló a su favor.

Joselin emigró el año pasado a Estados Unidos y pasó 10 meses detenida, primero en Florida y después en Georgia.

Osley Sallent, abogado que defendió gratuitamente a periodista, explicó que «después de 10 meses, media docena de audiencias y un juicio donde se presentaron cientos de páginas de evidencia, declaraciones (…) la fiscalía me informó que no se iban a oponer a que a Joselin le dieran una suspensión de su deportación».

La periodista de 33 años, trabajó en varios medios de comunicación en Nicaragua y en 2018 cubrió muchas de las protestas contra el régimen, lo que la convirtió en una perseguida política.

2023: más represión y censura en Nicaragua

El año 2023 cerró en Nicaragua bajo un ambiente de mayor represión, marcado por nuevos casos de agresiones y amenazas contra periodistas y el arresto de al menos 18 sacerdotes católicos y seminaristas, como parte de la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de silenciar toda voz crítica en el país y coartar la libertad de pensamiento, expresión e información.

Así, el país inicia el nuevo año con al menos 119 personas presas políticas, entre ellas el reportero Víctor Ticay, que lleva nueve meses encerrado en una celda de la cárcel Modelo al norte de Managua; el académico Freddy Quezada, detenido a fines de noviembre después de publicar una crítica al gobierno en sus redes sociales; y los obispos católicos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, el primero condenado a 26 años de cárcel y el segundo arrestado en diciembre pasado y cuyo paradero aún se desconoce. 

FLED y Voces del Sur: asedio, amenazas y cierre de radios comunitarias

Un informe presentado el 10 de enero de 2024 por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia(FLED) y Voces del Sur, documentó al cierre del año 2023 un total de 33 agresiones y ataques a periodistas, 26 casos de uso abusivo del poder estatal y 22 casos de uso del discurso estigmatizante.

«Es evidente que el principal patrón de violencia documentado en el año 2023 fue el de agresiones y ataques; este se manifestó en la mayoría de los casos mediante tácticas de asedio y vigilancia policial en las afueras de las casas de los periodistas», destacó el informe.

Indicó que los destierros, confiscaciones, detenciones ilegales y el acoso a los familiares de periodistas exiliados prevalecieron durante el año pasado, lo cual confirma que la prensa independiente continúa bajo ataque y que Nicaragua «se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo» en la región centroamericana.

El 97,7 % de las violaciones a la libertad de prensa en 2023 se produjeron en contra de periodistas y el 2,3 % contra medios de comunicación, como el cierre y confiscación de las radios comunitarias Yapti Tasba Bila Baikra y Yapti Tasba Bila Baikra, ubicadas en la Costa Caribe Norte y que eran propiedad del partido indígena Yatama, ilegalizado en octubre anterior. El Estado de Nicaragua y los grupos paraestatales figuran como los principales agresores en los casos documentados.

El informe advirtió que las cifras podrían ser significativamente mayores, pero debido al incremento de la violencia y las amenazas contra periodistas exiliados, retirados del oficio o jubilados, las víctimas han optado por el silencio para proteger su vida y la de sus familias.

PCIN: más de 240 periodistas en el exilio

Un segundo informe de monitoreo de prensa fue presentado el 9 de enero de 2024 por la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), fundada tras la crisis política de 2018 para aglutinar a los profesionales de prensa perseguidos por el régimen.

Según PCIN, 44 periodistas fueron obligados al exilio en 2023, con lo cual la cifra de comunicadores forzados a abandonar el país en los últimos cinco años supera ya los 242. Arlen Pérez, directora del monitoreo de PCIN, dijo que del total de periodistas exiliados, 98 son mujeres.

La organización documentó 83 agresiones contra la libertad de prensa a lo largo del año pasado. Entre esos ataques destaca el arresto del periodista Víctor Ticay, detenido en abril de 2023 por filmar una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por supuestos «ciberdelitos».

Persecución a la religión

Al menos 18 sacerdotes y seminaristas católicos se encuentran en las cárceles de Nicaragua, tras ser arrestados por fuerzas policiales y parapoliciales en los últimos días del año 2023, sin que el gobierno confirme hasta hoy su detención ni dé información alguna sobre su paradero.

Varias detenciones se realizaron con amenazas y violencia, como en el caso de varios religiosos que fueron sacados de sus parroquias o residencias por policías armados, sin orden judicial ni aviso previo. Uno de los religiosos detenidos es el obispo de la diócesis de Siuna (noreste), monseñor Isidoro Mora, arrestado el pasado 20 de diciembre, después de haber dicho en una homilía que rezaba por el obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, privado de la libertad desde agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó una «alerta máxima» a la comunidad internacional «por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua».

«Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción», dijo Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Por su parte, la investigadora Martha Patricia Molina aseguró que más de 200 sacerdotes y monjas han sido desterrados o encarcelados por la dictadura desde la crisis de 2018, cuando el régimen de Ortega acusó a la Iglesia católica de participar en un «fallido golpe de Estado» en su contra.

Actualización de la información: El 15 de enero, las autoridades de Nicaragua expulsaron a 18 clérigos y fueron expulsados a Roma. 

Cifra de presos políticos se eleva a 119

El año 2023 concluyó también para Nicaragua con 119 personas detenidas por motivos políticos, según un informe divulgado a inicios de enero por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe, que incluye a 10 presos políticos detenidos antes de la crisis de abril del 2018, registra 43 nuevas detenciones arbitrarias entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre recién pasado.

El informe documenta la golpiza que recibieron siete presos políticos en la cárcel Modelo, donde «fueron aislados luego de intentar iniciar una huelga de hambre y cantar canciones alusivas a Nicaragua, para exigir mejoras en las condiciones carcelarias y cese a los actos de tortura y malos tratos».

Según el Mecanismo, entre los encarcelados hay 16 personas mayores de 60 años, que permanecen recluidas en «condiciones inhumanas» y sin respeto alguno a sus derechos fundamentales.

Entre los detenidos figuran, además del periodista Víctor Ticay, el académico Freddy Quezada, y los obispos Álvarez y Mora, 10 sacerdotes que ocupan cargos de autoridad en Arquidiócesis de Managua y en parroquias de la capital.

El caso Miss Universo – el destierro de una familia

En el presente mes de enero ocurrió también la excarcelación y destierro de Martín Argüello y Bernardo Argüello Celebertti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de la franquicia Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a quienes el régimen acusó por una serie de delitos graves contra el Estado, en una inaudita reacción oficial al no menos sorpresivo triunfo de la joven nicaragüense Sheynnis Palacios en el certamen Miss Universo, que culminó en El Salvador el 18 de noviembre de 2023.

La inesperada coronación de Palacios desató una explosión de alegría en las calles de Nicaragua, donde volvieron a ondear las banderas azul y blanco (emblema nacional y símbolo de las protestas de 2018) pese a la prohibición oficial sobre las manifestaciones que rige desde ese año. El fenómeno desató la ira del gobierno, en momentos en que se divulgaban en redes fotos de la bella joven participando también en aquellas demostraciones de rebeldía.

El gobierno impidió días más tarde el regreso al país de Karen Celebertti y su hija Luciana, y poco después la policía detuvo a su esposo e hijo tras allanar su vivienda en el suroeste de Managua. En un comunicado, la policía alegó que la familia preparaba «un complot» contra el régimen y acusó a sus integrantes de «traición a la patria, conspiración para alterar la paz e incitar al odio y la violencia», además de «crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva».

A mediados de diciembre Karen Celebertti anunció desde México su retiro de la franquicia Miss Nicaragua, que había dirigido con éxito durante 23 años. El 7 de enero de 2024, su esposo y su hijo fueron sacados de prisión y expulsados hacia México.

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