¿Hacia dónde lleva Nayib Bukele a El Salvador? Entrevista con José Luis Sanz, editor de El Faro

Fecha: 2 febrero, 2024
José Luis Sanz, editor de El Faro | Foto: Daniel Bedoya

Redacción PEN Uruguay
04 de febrero de 2024

Hoy domingo 4 de febrero se están celebrando elecciones presidenciales en El Salvador. El presidente Bukele pretende reelegirse confiado en una enorme popularidad del 80 por ciento de la intención de votos. Su segunda candidatura, después que en 2013 declaró sobre la reelección que “la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas”, se presenta ante un desgaste importante en torno a la instauración de un “estado de excepción” desde marzo de 2022.

Como parte de una estrategia de pacificación del país ante a la amenaza permanente de grupos delictivos organizados denominados como maras o pandillas, el estado de excepción ha sido catalogado por muchos críticos al gobierno como una forma de controlar a grupos opositores, de sociedad civil y a medios de comunicación y periodistas.

En cinco años de gestión, Nayib Bukele ha sido señalado por trastocar el sistema político, violentando reiteradamente los principios de la democracia mediante acciones que han limitado la libertad de prensa. Ha influido para que la Fiscalía y jueces procesen a adversarios políticos y ha amenazado a organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, columnistas y a cooperantes internacionales con procesarlos penalmente ante cualquier crítica que hagan en contra suya, de sus funcionarios (en el Ejecutivo y el Legislativo) y de su administración.

Pero lo que abrió la puerta que permite su reelección en forma consecutiva, fue cuando el primero de mayo de 2021, el grupo parlamentario de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república y nombró a sus sustitutos aplicando procedimientos contrarios a la Constitución de la República.

Así fue como en septiembre de ese mismo año, cinco magistrados de la sala constitucional de El Salvador emitieron una orden en la que permitían la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele. En su resolución, la Corte expresó que «Atar la voluntad del pueblo a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años ya no es una interpretación de derechos, sino una restricción excesiva disfrazada de seguridad jurídica.»

Por lo menos son seis los artículos constitucionales que prohíben expresamente la reelección presidencial. Pero destaca la contradicción entre los artículos 154 y 248 de la Constitución política de ese país. En el primero se expresa que el periodo presidencial “será de cinco años” y “ni un día más”, en tanto, el artículo 248 prohíbe reformas a “los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.»

Sin embargo, «Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República», dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador. También aprovechó para dar el anunció de “la reorganización del mapa salvadoreño”, una medida política que impactará los liderazgos territoriales de los partidos políticos durante el proceso electoral de hoy.

El Centro PEN Uruguay entrevistó al periodista y editor del medio digital El Faro, José Luis Sanz para conversar sobre la situación de los derechos políticos, civiles y de prensa en el país.

A continuación, les compartimos la entrevista:

Estimado José Luis, gracias por brindarnos esta entrevista al Centro PEN Uruguay. Iniciamos.

El 22 de marzo de 2022 El Congreso declaró un “estado de excepción”, luego que ese mismo mes la Mara Salvatrucha-13 asesinara a 87 personas que, según una investigación de El Faro, se debió a la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno y las maras que había durado por lo menos dos años y medio.

PEN Uruguay: ¿Cuáles fueron los términos de este pacto entre el gobierno y las maras y a que conclusión querían llegar?

José Luis Sanz: Desde que asumió el cargo, el gobierno de Bukele se ha caracterizado por un nivel de opacidad extraordinario. El gobierno ha negado las negociaciones con las pandillas a pesar de la abundante documentación que hay de ellas, incluyendo los documentos oficiales del sistema penitenciario, documentos oficiales de inteligencia policial, grabaciones de funcionarios de gobierno dialogando con lideres de pandillas, la constatación mediante fotografías y de otras pruebas de que lideres de pandillas fueron liberados.

Hay un audio en el cual un funcionario de gobierno admite en una conversación, supuestamente privada con lideres de la pandilla, haber sido quien personalmente liberó a este líder de la mara salvatrucha, el Cruck, y lo saco del país, lo saco a Guatemala como parte de esas negociaciones.

A pesar de toda esta abundante información, fotografías de personas encapuchadas entrando en las cárceles, bitácoras de los guardianes de estas cárceles en las que están encerrados los lideres de las pandillas que atestiguan estas reuniones supuestamente secretas. A pesar de eso, el gobierno niega estas negociaciones y esto hace que sea difícil saber cuál era el fin último de estas negociaciones. El fin inmediato si es evidente y está documentado. Era bajar aún más los niveles de homicidios para que el gobierno de Bukele lograra un rédito político.

Esto es algo que no es la primera vez que sucede, sucedió ya con gobiernos del FMLN. El mismo Bukele negocio con estas mismas pandillas siendo alcalde de San Salvador años atrás. Eso también es algo que él sigue negando, pero hay abundante información, fotografías, testimonios de pandilleros, testimonios incluso de funcionarios que participaron en estas negociaciones. Pero cual es el plan a largo plazo, es algo que aún se desconoce.

PU: Ha habido muchas denuncias de violaciones de derechos a personas opositoras al gobierno, activistas de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos comunes. ¿Es el estado de excepción una herramienta de control de la disidencia?

JLS: En este contexto de vulneración institucional, de abuso de poder, lo único que intuimos es que Bukele pretendía de momento tener controlada la violencia. No sabemos, exactamente, a cambio de que prebendas, algunos de ellos fueron liberados. Suponemos que había otros favores. La documentación no oficial habla de negociaciones políticas y supuestas leyes que iban a facilitar ciertos negocios, reinserción de pandilleros o ventajas carcelarias. Todo esto parece que se rompe efectivamente el año pasado. Nada indica que fuera nada planeado.

Todo apunta sin embargo a un giro hacia la represión extrema, hacia el estado de excepción, en el cual se han limitado garantías constitucionales como la privacidad de las comunicaciones. En estos momentos en El Salvador, el Estado no necesita autorización judicial para intervenir conversaciones telefónicas o dispositivos electrónicos. Y eso es importante no solamente para periodistas, sino también para cualquier ciudadano común, lo que nos deja en una enorme vulnerabilidad.

Nayib Bukele siempre ha jugado a varias barajas. Tiene un poder narrativo enorme. Controla la mayoría de medios de comunicación del país. Tiene un ejército de desinformación extraordinario a la usanza de lo que hemos visto en los últimos años en países más grandes, pero claro, con un impacto brutal en un país tan pequeño.

Digamos que desde ese poder narrativo es capaz de justificar un bandazo y entonces hacer que la población apoye tanto una medida como otra. Aparentemente el estado de excepción parece tener una enorme popularidad, pero cuando luego le preguntas a la gente si está de acuerdo con los abusos que se están cometiendo, con eso la gente no está de acuerdo. En realidad, lo que hay es un juego narrativo en el que parece que todo lo que hace Bukele tiene enorme respaldo, pero lo que yo creo es que estamos en un contexto de suma desinformación. Bukele tiene una enorme popularidad, pero eso no quiere decir que los salvadoreños le den un cheque en blanco o apoyen los abusos. Y estamos hablando de asesinatos cometidos en las cárceles, por ejemplo.

PU: ¿Qué pasará con las pandillas? ¿Logrará Bukele contener la violencia con estos encarcelamientos?

JLS: Los homicidios ya venían disminuyendo desde 2016. Lo que se ha instaurado es un estado de excepción donde nadie tiene garantías de defensa, nadie tiene garantías procesales. La policía es juez y policía al mismo tiempo. Es decir que, se les están dando unas atribuciones que hacen que su simple palabra baste para llevar, no solo a alguien a detención provisional durante quince días sin derecho a defensa, sino después a someterse a juicios masivos, audiencias masivas en las cuales se van hasta 100, 200, 600 casos al mismo tiempo. No hay individualización de delitos.

Hay personas que están siendo condenadas, o a las que se les está ordenando detención provisional indefinida, es decir, puede ser hasta por dos años, quien sabe si más, sin que haya ni una sola prueba en su contra. Lo que si es cierto es que con esa estrategia ha habido un enorme desplazamiento de las pandillas de las calles y que en estos momentos en la mayoría de comunidades del país se vive una sensación de calma frente a la amenaza histórica de las pandillas.

Eso es real. La gente se siente, digamos, liberada del yugo brutal, criminal, violento del sometimiento al que las pandillas imponían a las mayorías de comunidades del país. Eso es real, pero de nuevo, lo que también ha atestiguado, no estoy tratando de enfatizar, simplemente me parece que es objetivo y es un hecho, a lo que estamos asistiendo también es a un nuevo régimen de terror, que, si bien es tácitamente aceptado, porque lógicamente es menos sangriento, es un régimen de terror.

PU: ¿Estamos hablando de la instauración de un estado policial en El Salvador?  

JLS: En estos momentos en el salvador no hay ningún tipo de garantía legal para un ciudadano común. Pero eso no es solo por el enorme poder que el estado de excepción o del régimen de excepción concede a la policía y al ejército, y que se ha documentado. Hay múltiples reportes, hay documentación, hay informes de las ongs que documentan hasta 20 mil detenciones arbitrarias, más de 150 personas que han sido torturadas y asesinadas en la cárcel sin haber sido sometidas a juicio y sin que se reporte ningún tipo de vínculo con pandillas.

Los abusos de poder de Nayib Bukele no arrancan con el régimen de excepción. No llevaba ni un año en el poder, cuando entró con el ejército en el congreso y amenazó con disolverlo. De hecho, por unos minutos, literalmente disolvió el congreso. Convocó a una sesión extraordinaria, lo cual es una medida extraordinaria reservada para casos de extrema calamidad. Se sentó en la silla del presidente del congreso, dio por iniciada una sesión simbólicamente en el congreso, disolvió cualquier barrera con el poder legislativo y empezó su alocución diciendo “ahora está claro quien tiene el control”, esas son palabras textuales de Nayib Bukele en febrero de 2020 cuando ni siquiera llevaba un año.

Pocos meses después, durante la pandemia, se emitían decretos a las 11 de la noche, entraban en vigor al dia siguiente. La sociedad salvadoreña nos despertábamos sin saber que normas nos regia ese día. Desacató ordenes de la sala de lo constitucional específicas para liberar a personas que habían sido detenidas. Un año después destituyó de manera arbitraria al fiscal general que estaba investigando casos de corrupción en su gobierno. Destituyó a un tercio de los jueces del país. En estos momentos el sistema completo está en poder de Nayib Bukele.

PU: ¿En qué estado se encuentran las instituciones en El Salvador?

JLS: Hay que recordar una cosa, y nadie la está obviando, y es que Bukele tiene una enorme legitimidad de mandato. Ganó con 53% de los votos en primera vuelta en la elección presidencial en 2019. Su partido Nuevas Ideas, recién creado, barrio en las elecciones legislativas de 2021 y controla dos tercios del Congreso. Pero Bukele ha utilizado ese poder legítimo para hacerse de manera ilegítima con el control del resto de instituciones y acabar con cualquier atisbo de pluralismo y de construcción democrática.

Entonces las instituciones se doblegaron, porque la oposición legislativamente es muy débil, además que en términos de popularidad y de respaldo popular, ha caído radicalmente. Los partidos tradicionales perdieron legitimidad por la corrupción y por la falta de regeneración de sus propuestas y de sus liderazgos.

Bukele es la respuesta a un proceso de deterioro del sistema de partidos y por tanto del sistema democrático. Con la toma del control del Congreso y del sistema de justicia en 2021 y con la debilidad del resto de instituciones que no tienen las herramientas para mantener un equilibrio de poderes, ese control se vuelve simbólico y depende solamente del respeto que en este caso el presidente tiene por la institucionalidad.

La Policía, la Fiscalía, el Ejército, desde el principio estuvieron al servicio de Nayib Bukele quien anunció, por ejemplo, enormes inversiones en esos cuerpos. Los reivindicó como el pilar de su gobierno y anunció que se iba a duplicar el número de militares en el país.

Con el apoyo del Ejército y de la Policía, las resoluciones de la Corte Suprema de justicia y de la sala constitucional en 2020 sólo tenían un poder simbólico, un poder que no pudieron aplicar de ninguna manera, entonces hay un proceso de desacato de atropello a la institucionalidad. Estamos asistiendo a ver como el poder real y la popularidad tienen un valor simbólico que está por encima de las instituciones, esto está barriendo con la institucionalidad en El Salvador.

PU: ¿Hacia dónde va Nayib Bukele? ¿Cuál es su proyecto político en este nuevo probable mandato?

JLS: La Constitución salvadoreña establece manera explícita en varios artículos la prohibición categórica de la reelección presidencial. Aun así, la Sala de lo Constitucional impuesta en 2021 por Bukele resolvió que ese mandato constitucional que es explícito, pues es relativo, y que la soberanía popular, es decir, el deseo de la ciudadanía está por encima del texto de la Constitución, lo cual es una interpretación constitucional absolutamente absurda, pero de nuevo legitima al menos simbólicamente o narrativamente a Bukele para presentarse a la reelección. Asi que estamos a la espera de que el año que viene (este año 2024) de manera ilegal, pero probablemente con un enorme saldo popular a favor, Bukele aseste el último golpe o un golpe definitivo a la institucionalidad.

Bukele logró que una población, que lógicamente se sentía decepcionada por los partidos anteriores, por los gobiernos anteriores, y que ahora se siente representada por un Presidente agresivo, que te ofrece soluciones, no sabemos si de largo plazo, pero que claramente algunas de ellas fueron muy efectivas, y sobre todo que tiene un espíritu de castigo ante la frustración de la sociedad, esto genera un deseo de castigo, de búsqueda de culpables y Nayib Bukele está castigando, actúa como una especie de vengador.

José, nos quedan 8 minutos, entonces queremos hacerte ya una última pregunta que tiene que ver, obviamente, con el periodismo. Estuvimos leyendo varias entrevistas a Carlos Dada (director de El Faro) y él dijo en una que “nunca estuvo en mayor riesgo el periodismo desde la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”

PU: ¿Cuál es la situación de la prensa independiente en El Salvador ahora?

JLS: Es una situación muy complicada, porque desde antes de tomar posesión, ya desde cuando era candidato, pero, sobre todo, una vez que fue presidente electo, allí comenzó una cruzada contra el periodismo. Desacreditándolo, cuestionando sus intenciones, relativizando su independencia, y luego atacando, construyendo un contexto de ataque constante, primero, contra periodistas. Contra cualquier periodista que le hiciera preguntas incómodas, ya no hablemos de publicaciones o revelaciones incómodas para el gobierno.

Pero luego eso se fue incrementando y se convirtió también en acciones legales. El Faro ha sido víctima de campañas de descreditó a individuos, y al periódico como institución. Llevamos ya tres años enfrentando auditorías claramente abusivas y orientadas a construirnos un caso inventado por lavado de dinero. El mismo presidente públicamente nos dijo que nos estaban investigando por lavado de dinero. Nos están acusando de evasión de impuestos y vamos a ir a juicios este año para defendernos.

Dos tercios de nuestra relación ha sido espiada, usando el software Israel y Pegasus. Evidentemente es un contexto de acoso para nuestro periódico, pero en general para el periodismo en El Salvador. Estamos teniendo que tomar protocolos de seguridad y de protección a las fuentes. Insisto, hace más de un año que no hay privacidad de las comunicaciones en El Salvador. Eso supone que tenemos que encontrar vías tremendamente creativas y audaces para entrevistar a nuestras fuentes.

Es por ese contexto que decidimos llevarnos la institucionalidad del Faro, las finanzas, la entidad legal a Costa Rica para ponerla fuera del alcance del presidente y de su gobierno. Es una garantía para nuestros periodistas. Nuestros periodistas van a tener un periódico que los va a poder proteger pase lo que pase. El Faro va a seguir publicándose, siguiendo el modelo nicaragüense, si es necesario desde el exilio porque creemos que hacía eso vamos. es decir, vemos como ha sucedido de manera dramática en Nicaragua, como está sucediendo en Guatemala, donde hay ya al menos 25 periodistas que se han exiliado en el último año y vamos camino de que sea cada vez más difícil para periodistas trabajar en suelo salvadoreño.

El nivel de vulnerabilidad en la que está todo ciudadano salvadoreño, que aplica especialmente para los periodistas independientes y para cualquier voz crítica, ya no digamos, quienes hagan política de oposición en ese contexto, sí, estoy totalmente de acuerdo, nunca estuvimos tan en riesgo, como estamos ahora.

En El Faro llevamos más de 10 años, casi 15 años enfrentando algún tipo de amenazas. Hemos recibido amenazas del narcotráfico, de políticos corruptos, de grupos criminales como las pandillas. Hemos tenido que desarrollar diferentes protocolos de seguridad jurídica, física de nuestras comunicaciones. Sin embargo, durante los gobiernos anteriores corruptos el Estado respondía al llamado de ser garante de la protección de periodistas. Poco a poco esa protección se fue perdiendo, y nos hemos ido enfrentando al Estado como operador de ataques a los periodistas, y eso es un cambio radical. Eso no sucedía efectivamente desde la firma de los Acuerdos de Paz en el 92.

El periodismo centroamericano está unido, o sea, me refiero Nicaragua, Guatemala y El Salvador que son los tres casos que estamos viendo con la mayor persecución.

PU: ¿Hay alianzas entre ustedes? ¿Qué está haciendo el periodismo para enfrentar estos embates autoritarios que se trasladan también a Honduras, incluso, el presidente de Costa Rica muestra un discurso agresivo contra los periodistas?

JLS: Mira, yo creo que, en este contexto dramático, de retroceso democrático, de retroceso de garantías, de abusos de poder, de persecución de actores judiciales, estamos hablando fiscales, jueces, periodistas, de personas representantes de sociedad civil, defensores de derechos humanos, están siendo perseguidos en Guatemala evidentemente en Nicaragua y ahora en El Salvador, y esas señales que dices que efectivamente pasan en Costa Rica e incluso en Honduras, nos refuerzan. A pesar de todo, el periodismo centroamericano está articulado y está cada vez más unido en la conciencia de que el periodismo es una herramienta la defensa de la democracia y de la ciudadanía. Llevamos mucho tiempo intercambiando experiencias periodísticas y ahora intercambiamos también experiencias de protección, estrategias de defensa.

Pero, además, yo creo que hay otra cosa, y es el caso nicaragüense. Yo creo que lo refleja de una manera extraordinaria. Yo lo dije en 2019 que fui jurado el premio Pedro Joaquín Chamorro, de que Daniel Ortega, con su represión, está terminando de alumbrar una época dorada del periodismo nicaragüense, el nivel de calidad, de compromiso, de resistencia, de lucha que ha demostrado el periodismo nicaragüense. Yo creo que nos ha inspirado a todos en la medida de que nuestros países van siguiendo un camino de deterioro democrático, hacia el autoritarismo y hacia el abuso de poder.  

En este momento, el periodismo centroamericano en su conjunto, esta haciendo el mejor periodismo que se ha hecho nunca en la región, y eso yo creo que es una de las razones por las que se nos atacan, pero eso no va a cambiar nuestra acción. Yo estoy convencido de que, a pesar de las circunstancias, limitados en el acceso a la información, limitados en la posibilidad de trabajar en el terreno, los periodistas salvadoreños, como los guatemaltecos, o como los nicaragüenses vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.

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