Publicado por PEN Uruguay el 1 de agosto de 2023.
El Centro PEN Uruguay comparte con sus socios y amigos dos artículos escritos por Edgard Gutiérrez, ex ministro de relaciones exteriores de Guatemala durante el gobierno del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
El primer artículo titulado El miedo de las élites despierta la crisis postelectoral en Guatemala, aborda el temor de las élites guatemaltecas de perder su influencia de poder. Políticos, élites burocráticas y empresarios han creado una alianza denominada por la prensa independiente como el “pacto de corruptos”, para protegerse entre sí y mantener el poder.
El segundo artículo titulado La nueva oposición de Guatemala ensaya escenarios de ingobernabilidad para Arévalo, se refiere a la “sorpresa” que significó el inesperado segundo lugar del candidato Bernardo Arévalo del “Movimiento Semilla”. Con este extraordinario resultado electoral, Arévalo pasa a competir a una segunda vuelta programada para el 20 de agosto. El muy posible triunfo del «Movimiento Semilla» supone que Bernardo Arévalo “deberá fisurar el consenso del Pacto de Corruptos”. Es por ello que el operador político del presidente Alejandro Giammattei, el fiscal del Ministerio Público de Guatemala Rafael Curruchiche, inhabilitó al “Movimiento Semilla” en pleno proceso electoral, cosa que no procedió por su inconstitucionalidad, según el poder judicial de ese país.
El miedo de las élites despierta la crisis postelectoral en Guatemala.
El Pacto de Corruptos ha levantado la narrativa del fraude. La pregunta que les tortura la convirtieron en clave de la presunta conspiración: ¿Por qué una fuerza política poco significativa está en la segunda vuelta.
ÉDGAR GUTIÉRREZ
02 JUL 2023 (Tomado del diario El País de España)
Una semana después de los resultados electorales del 25 de junio, ni el Pacto de Corruptos, la alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, que se protegen entre sí para mantener el poder, ni quienes integran el rancio statu quo de Guatemala han superado el shock. Su primera reacción fue escribir la biografía falsa de Bernardo Arévalo —el candidato sorpresa de la jornada— y montar una agenda distorsionada del ideario del partido Semilla aprovechando de que eran poco conocidos.
Los retrataron como mezcla de “comunistas” expropiadores del siglo XX y “globalistas” conspiranoicos del siglo XXI. Esas expresiones —incluyendo alusiones impertinentes a la Agenda 2030— fueron empleadas en la campaña por Zury Ríos (la hija del dictador Efraín Ríos Montt, que quedó en sexto lugar en las votaciones). A pesar de la baja resonancia entre el gran público, las reeditaron para inyectar miedo. Su propio miedo.
A partir del lunes 26, todos cerraron filas en torno a Sandra Torres, odiada y despreciada por el statu quo durante las dos décadas de su carrera política. Ella se dejó arropar, y el martes 27 ya se le escuchaba en una rueda de prensa adoptando el discurso ultraconservador que le cuelga identidad religiosa al Estado.
Para el miércoles 28, la estrategia había naufragado. Los jóvenes urbanos de las clases medias educadas que votaron por Arévalo y el Movimiento Semilla la desbarataron en las propias redes sociales. Con pasión y chispas de creatividad e ironía, fueron mucho más convincentes que los expertos contratados por el otro bando.
Acto seguido, el Pacto levantó la narrativa del fraude. A propósito de una puja entre los dos punteros para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala, casi la mitad de los partidos perdedores gritó a coro “¡fraude!”. No presentaron al público las supuestas pruebas. La pregunta que les seguía torturando la convirtieron en clave de la presunta conspiración: ¿Por qué una fuerza política poco significativa está en la segunda vuelta?
La demanda entonces fue anular las elecciones. Bajo la premisa de que el Pacto fue víctima de un fraude, la vergüenza los azoraba: “Nos dejamos asaltar aun controlando todas las entradas y salidas del sistema electoral”, parecían pensar. Pero rápido encontraron un chivo expiatorio, el Tribunal Electoral: Con la mesa servida, los magistrados fueron incapaces de reaccionar en tiempo real para sabotear a los intrusos.
La ley en la materia permite la revisión en casos de impugnaciones que se presentan durante el escrutinio y se formalizan en los siguientes días. El plazo venció el viernes 30 y la impugnación más relevante fue la del partido CREO por la alcaldía de Guatemala. Refutó unas 900 boletas y la diferencia en el conteo total era de poco más de 500 votos.
En la tarde del sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) acudió a la “prevención”, un recurso político-legal al que se apela cuando hay vacío de poder. Sin asidero jurídico, la CC ordenó el cotejo de las actas con los resultados oficiales, y suspendió la adjudicación de cargos. Para no agitar más aguas, garantizó la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto.
La patronal organizada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio su aval a la CC. Horas antes, expresó plena confianza en que se sabría encauzar la crisis, respetando los plazos electorales.
Si el entendimiento entre grandes empresarios y magistrados no se disimulaba, también fue obvia la inusual salida de escena del presidente Alejandro Giammattei y del jefe de su partido, Vamos, Miguel Martínez. Sus denonados esfuerzos de inflar a su presidenciable fueron disminuidos por los alcaldes (incluyendo muchos de sus aliados) que cerraron el ingreso a los municipios de los autobuses con “acarreados” (gente pobre que recibía el equiavalente a 100 euros por voto), temiendo ellos mismos ser desbancados.
La fórmula de gobernabilidad de la CC es incierta, a pesar de contar con el respaldo de los grupos tradicionales de poder interno. La política ya no se administra con la centralidad de otras épocas. Demasiados caciques esperan ser tomados en cuenta; afloran las disidencias de los empresarios moderados, mientras una ciudadanía joven, no tan organizada pero autónoma y entusiasta, está decidida a jugar con las reglas de la democracia.
Esta fue la primera semana de crisis poselectoral provocada por el miedo a un escenario que se creía inviable después de las exclusiones de tres populares candidatos antisistema, y que, sin embargo, obstinadamente se ha materializado con Arévalo y el partido Semilla.
La nueva oposición de Guatemala ensaya escenarios de ingobernabilidad para Arévalo.
Bernardo Arévalo tendrá que fisurar el consenso del Pacto de Corruptos y abrirse brecha entre las poderosas “20 familias” sin perder el apoyo del pueblo.
ÉDGAR GUTIÉRREZ
09 JUL 2023 (Tomado del diario El País de España)
Bernardo Arévalo, el candidato socialdemócrata que fue la sorpresa de la primera ronda electoral del 25 de junio, aún no es presidente. Pero su entorno se mueve como si ya lo fuera; para lo bueno y lo no tan bueno.
Esta semana Arévalo caminaba solo, apenas acompañado por un discreto custodio, en una zona comercial exclusiva en el suroriente de la Ciudad de Guatemala. No es el hábitat de su electorado, pero los transeúntes lo saludaban con muestras de simpatía y desde una terraza un puñado de comensales lo ovacionó ruidosamente.
Poco después, a escasos metros, asistió a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la sede diplomática, a donde habitualmente son invitadas las diversas élites. Arévalo fue recibido como estrella de rock, mientras Sandra Torres, su rival en el balotaje del próximo 20 de agosto, disimulaba su soledad buscando conversación con cualquier invitado distraído.
Las autoridades indígenas ancestrales, un poderoso nervio social conformado por más de 20.000 líderes (un tercio son mujeres que portan orgullosas la vara de la autoridad por mérito) en los territorios recónditos de Guatemala, se han movilizado en los últimos días demandando al sistema judicial que respete el resultado de las urnas. “Elecciones en las urnas, no en las Cortes”, es una consigna extendida sin autoría partidaria.
Muchos jóvenes indígenas han asumido la tarea de promover la figura de Arévalo y como fiscales proteger la integridad del voto ciudadano, aunque no pertenecen a su partido, el Movimiento Semilla de intelectuales ladinos urbanos, con escasas ramificaciones territoriales. Los jóvenes ladinos e indígenas -arropados por sus padres y abuelos, nostálgicos de la Primavera Democrática que promovió el padre del candidato, el presidente Juan José Arévalo (1945-1951)- quieren desfigurar el Pacto de Corruptos, una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresariales que les arrebata su futuro. Ellos buscaron a Semilla y Arévalo, al revés de lo que ocurre en las campañas convencionales.
A pesar de un diseño electoral decididamente inclinado para favorecerle, el Pacto de Corruptos sufrió un golpe inesperado en las urnas el 25 de junio. Pero está lejos de ser derrotado y removido de las oscuras redes burocráticas estatales, que fueron reforzadas como nunca por el presidente Alejandro Giammattei. Desde allí provienen los ataques contra Arévalo y Semilla. Los partidos satélites del Pacto actúan como demandantes de una supuesta transparencia y las altas Cortes les sirven de caja de resonancia, y al ordenar actos que rompen las normas y sus procedimientos, marginan al Tribunal Electoral, impidiéndole, después de dos semanas, oficializar los 340 alcaldes y 160 diputados electos, y a Torres y Arévalo para el balotaje presidencial.
Muchos sectores temen que el laberinto jurídico-burocrático que ya solo promueven menos de la mitad de los partidos que el 1 de julio solicitaron cotejar actas y recontar votos impugnados, persigue el avieso fin de burlar la voluntad ciudadana en las urnas. A esos partidos que alegaron fraude les salió el tiro por la culata esta semana. Los candidatos de Semilla tenían casi un millar más de votos de los que les asignaron en las pocas mesas en las que hubo recuento. Nada significativo para alterar los resultados globales. Pero el freno de mano electoral sigue en el pulgar del Pacto, pues bajo la voz cantante de un poderoso político que recién salió de una cárcel de Estados
Unidos tras cumplir condena por lavado de dinero del narcotráfico, reclama ahora otros conteos municipales.
El clamor nacional e internacional para que se respeten los resultados electorales sigue creciendo. La Administración de Joe Biden llegó a insinuar que el escamoteo de las votaciones acarrearía sanciones semejantes a las que ha aplicado al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero el Pacto de Corruptos no cejará en sus tácticas de obstrucción. Son el anticipo de la modalidad de oposición que le espera a Arévalo a partir de enero de 2024, si llega a asumir: empantanamiento judicial, presupuestario y de agenda legislativa. Es el ensayo hacia la ruta de ingobernabilidad.
Se asoman Tiempos Recios -diría Mario Vargas Llosa en su reciente novela sobre el periodo guatemalteco 1944-54- en los que el hijo del expresidente Arévalo tendrá que sacar la casta para fisurar el consenso del Pacto y abrirse brecha entre las poderosas “20 familias”, sin perder el apoyo del pueblo que le ha confiado la mayor de sus misiones: quebrantar la espina dorsal del sistema corrupto.