PEN reclama a Venezuela libertad plena de escritora y periodista perseguidos 
Por: Fecha: 12 abril, 2021 Categorias: Noticias

Foto ElNacional.com

El Centro PEN de Uruguay suscribió, junto a otros PEN de América Latina, una carta enviada al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Dr. Maikel José Moreno Pérez,  con un “llamado a las entidades de aplicación de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y, en particular, al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para que se otorgue de manera pronta y expedita la libertad plena a la escritora Milagros Mata-Gil y al periodista Juan Manuel Muñoz, injustamente condenados a cumplir medidas cautelares¨.

¨El 31 se marzo de 2021, Mata-Gil y Muñoz fueron detenidos y acusados por supuestamente cometer el delito de “promoción e incitación al odio”, por compartir un texto a través de la aplicación WhatsApp, escrito por Mata-Gil, en el que se habló de una fiesta de 800 invitados en medio de la crisis sanitaria debido al Covid 19 sin medidas de seguridad y salud para la población, hecho comprobable en videos públicos. En dicho texto no hay incitación al odio alguna, sino un llamado de atención a dicha irregularidad¨.

¨Ambos escritores fueron liberados el 1 de abril de 2021 con medidas cautelares de presentación cada 30 días y con la prohibición de hablar de su caso, y les fueron incautados sus teléfonos y demás herramientas de trabajo, atentando así contra sus derechos fundamentales¨.

¨Para la comunidad y organizaciones de derechos humanos, periodistas y escritores a nivel internacional, estas medidas son una prisión camuflada, y demuestran el nivel de impunidad en la impartición de justicia en el gobierno venezolano, así como la creciente censura¨.

Por ello, ¨las entidades firmantes solicitamos la libertad plena para Milagros Mata-Gil¨. Suscriben la declaración:  PEN América, PEN Argentina, PEN Colombia, PEN Cuba en el Exilio, PEN Ecuador, PEN Puerto Rico, PEN Internacional, PEN Quebec, PEN San Miguel de Allende, PEN Uruguay, PEN Venezuela. La declaración fue firmada también por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

 
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