Congreso de PEN Internacional expresa preocupación ante la situación en China de la libertad de expresión
Fecha: 10 diciembre, 2020

Second Resolution-Pen International

PEN International está cada vez más preocupado por la erosión sistemática del derecho a la libertad de expresión en la República Popular de China (RPC) y la represión continua del gobierno hacia quienes participan en cualquier expresión pacífica. Estas preocupaciones reiteran las expresadas años atrás mediante resoluciones adoptadas en varios de nuestros congresos anuales, la más reciente en el 85º Congreso Mundial en septiembre de 2019. A pesar de ciertas liberaciones – muy apreciadas – desde entonces, incluidas la de Huang Xiaomin, Xu Lin y Liu Xianbin, el espacio público para la libre expresión ha seguido disminuyendo en el país. Al menos 12 miembros del Centro PEN Chino Independiente (ICPC) se encuentran aún en prisión o detenidos, mientras docenas más han sufrido diversas formas de acoso y restricciones de viaje, que reflejan la persecución continua a los miembros del Centro. En la Lista de Casos (Case List) de 2019, PEN International ha documentado 39 casos de escritores en diversas formas de detención en la RPC, la mayor cifra recogida en cualquier país.

La gravedad de la crisis en Sinkiang sigue siendo de la mayor urgencia. Con informes que indican que hasta 1,8 millones de uigures y otras minorías están detenidos en campos de reeducación extrajudiciales, el gobierno de la RPC no ha mostrado signos de cejar en su empeño, a la vista de la creciente condena internacional. De manera intencionada, la intensidad de la represión ha tenido un efecto devastador en la identidad uigur de la región, donde los detenidos se han visto forzados a someterse a un adoctrinamiento político intensivo y obligados a renunciar a sus creencias más profundas. Entre los retenidos en los campos hay cientos de escritores, poetas, eruditos, traductores y otras figuras públicas de etnia uigur, muchos de los cuales no han tenido comunicación con el mundo exterior desde que los detuvieron indefinidamente sin juicio. Entre los detenidos está la erudita de prestigio internacional Rahile Dawut, una destacada experta en el folclore uigur en la Universidad de Sinkiang, que desapareció sin dejar rastro mientras viajaba de Sinkiang a Pekín en diciembre de 2017. Perhat Tursun, uno de los escritores uigures más importantes del mundo, presuntamente capturado por los servicios de seguridad, desaparecido en enero de 2018, ha sido condenado a dieciséis años de prisión.

En toda la RPC, el gobierno ha seguido ejerciendo la represión sobre la sociedad civil, limitando el espacio para la libertad de expresión y controlando el acceso a la información. Las autoridades han utilizado los últimos avances tecnológicos para crear un dispositivo de vigilancia panóptica cada vez mayor, y que proporciona amplios poderes para supervisar y dar forma al discurso público mediante la censura y la propaganda. El clima de represión resultante afecta a todos los estratos de la sociedad china y quizá se demuestra de la mejor manera con los informes de que el gobierno de la RPC inicialmente pretendió silenciar al Dr. Li Wenliang cuando trató de concienciar acerca de los peligros de la COVID-19, lo que provocó el rechazo público contra un gobierno que ha priorizado el control sobre la salud de sus ciudadanos.

Los esfuerzos del gobierno de la RPC por imponer mayores controles sobre la sociedad también se han acelerado en las regiones periféricas de China. En Hong Kong, un territorio que ha actuado durante mucho tiempo como un santuario para quienes huían de la persecución en el continente, la promulgación de la ley de seguridad nacional marca el último asalto a los derechos y las protecciones exclusivos del territorio. El ambiguo lenguaje que se utiliza en la ley proporciona a las autoridades gubernamentales un amplio derecho a redefinir arbitrariamente los límites de expresión, lo que hace que suponga una amenaza potencial para cualquiera que expresamente disienta de los puntos de vista de los gobiernos de Hong Kong y la RPC. PEN International sigue pidiendo la liberación de tres escritores y editores con sede en Hong Kong, Gui Minhai, Yao Wentian y Wang Jianmin. La última vez que alguien vio a Gui Minhai, que es miembro del Centro PEN Chino Independiente, fue en octubre de 2015 en Tailandia y desde entonces está detenido en un destino desconocido en la RPC sin asistencia legal ni acceso consular. Gui es ciudadano sueco y su arresto y no regreso de Tailandia a la RPC es una buena ilustración de la capacidad y la mayor voluntad del gobierno de la RPC de perseguir activamente a críticos más allá de sus fronteras.

En Tibet, las autoridades han tratado activamente de ampliar sus iniciativas de trabajo coercitivo en toda la región,[ mientras que escritores como Kunchok Tsephel Gopey Tsang y Jo Lobsang Jamyang, siguen en prisión con cargos falsos contra la seguridad. Mientras tanto, en Mongolia interior los recientes cambios en el sistema educativo que ponen un énfasis mucho mayor en la instrucción en chino mandarín, a expensas de la instrucción en idioma mongol, han llevado a las masas a protestar y a una subsiguiente represión por parte de las autoridades gubernamentales.

En todo el mundo, el gobierno de la RPC ha tratado de utilizar cada vez más su poder económico para modificar las normas e instituciones internacionales en un esfuerzo por proyectar su influencia y protegerse a sí mismo de críticas. Las universidades han estado a la vanguardia de estos esfuerzos y PEN International está muy preocupado por los numerosos informes de las autoridades gubernamentales de la RPC que se involucran en la censura, la intimidación y la vigilancia de estudiantes y académicos en universidades de todo el mundo, socavando así el principio de libertad académica que es tan vital para el desarrollo del pensamiento crítico y el intercambio de ideas a través de la libre expresión.

La Asamblea de Delegados de PEN International hace un llamamiento al gobierno de la República Popular China a:

  • Poner fin a la persecución de todos los escritores, poetas, periodistas y académicos de la región autónoma de Sinkiang Uigur, incluidos Rahile Dawut, Perhat Tursun, Gheyret Niyaz, Memetjan Abdulla, Gulmira Imin, Ilham Tohti, Adil Tunyaz, Yalkun Rozi, Ablajan Awut Ayup y Omerjan Hasan Bozqir;
  • Liberar a todos los prisioneros retenidos por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión en la Región Autónoma del Tíbet, incluidos Kunchok Tsephel Gopey Tsang Jo Lobsang Jamyang;
  • Abandonar sus esfuerzos de censurar la expresión online y liberar inmediatamente a todos los escritores de internet, encarcelados por expresar de forma pacífica sus opiniones;
  • Poner fin a la implantación de políticas lingüísticas que debilitan las protecciones a las lenguas minoritarias y socavan la diversidad lingüística;
  • Liberar a todos los editores encarcelados o detenidos de Hong Kong, incluidos Yao Wentian, Wang Jianmin y Gui Minhai;
  • Liberar a todos los demás escritores y periodistas encarcelados o detenidos en la República Popular de China, incluido el ciudadano australiano Yang Hengjun y los miembros del Centro PEN Chino Independiente Qin Yongmin, Lü Gengsong, Chen Shuqing, Wang Yi, Hu Shigen, Liu Feiyue y Zhou Yuanzhi, y los miembros honorarios Lu Jianhua, Guo Quan, Li Tie, Chen Xi, Zhao Haitong, Zhang Haitao Wu Gan;
  • Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por el gobierno de la RPC en octubre de 1998;
  • Derogar o modificar todas las leyes que restringen indebidamente la capacidad de los ciudadanos de ejercitar su derecho a la libertad de expresión, poniéndolos en línea con las normas internacionales, incluido el derecho criminal, el código de procedimiento penal y la ley de seguridad cibernética;
  • Detener el acoso y la persecución de miembros del Centro PEN Chino Independiente y levantar todas las restricciones de su libertad para salir y entrar a la China continental, especialmente para asistir a las conferencias de PEN International y regresar a su hogar;
  • Dejar de atacar a los intelectuales uigures, incluidos escritores, periodistas y editores web y cerrar inmediatamente todos los «campos de reeducación» que se han construido en la región autónoma uigur de Sinkiang;
  • Cesar todo maltrato y tortura de escritores y periodistas presos y de todos los demás prisioneros políticos;
  • Abandonar la práctica de usar la seguridad nacional, así como cargos económicos y de orden público como pretexto para reprimir a escritores, disidentes en Internet, defensores de derechos humanos, eruditos y abogados; cesar en la práctica de usar confesiones televisadas, que infringen el derecho de la persona a un juicio justo;
  • Poner fin a la práctica de intimidar al personal académico para que se involucre en la vigilancia de los estudiantes y socavar el principio de libertad académica mediante la coerción económica;
  • Emprender una reforma completa y significativa del sistema legal chino de acuerdo con las normas internacionales y la constitución de la RPC, a fin de garantizar juicios justos con plenos derechos de defensa, la práctica legal de abogados y un sistema carcelario que proteja la salud y la seguridad de los reclusos.
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